Telefónica se libra de problemas: Por qué la suspensión de la venta de su filial en Argentina no le afecta

La medida, basada en una recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), responde a preocupaciones sobre una posible concentración excesiva en el mercado de telecomunicaciones, lo que podría perjudicar la competencia y los derechos de los consumidores.

La legislación argentina no prevé un "control ex ante" en este tipo de operaciones

A diferencia de la normativa vigente en la Unión Europea o en España, la legislación argentina no prevé un "control ex ante" en este tipo de operaciones, lo que implica que no es necesario el permiso previo de los reguladores para concretar la transacción. En su lugar, el país aplica un "control ex post", permitiendo que la operación se cierre antes de que la autoridad competente la analice y decida si impone condiciones o la revierte.

En este contexto, la suspensión decretada por el Ejecutivo no afecta directamente a Telefónica, que ya había concluido la venta y recibido el pago de 1.189 millones de euros. Si las autoridades deciden intervenir, las condiciones recaerían sobre Telecom Argentina, que podría verse obligada a ceder activos o modificar su estructura de mercado para evitar una posición dominante.

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Riesgo de monopolio y reacciones del sector

Según los datos de la CNDC, la fusión entre ambas empresas podría otorgar a Telecom Argentina una participación del 61% en telefonía móvil, el 69% en telefonía fija y, en algunas regiones, hasta un 80% en el mercado de internet residencial. Estos niveles de concentración han suscitado inquietudes sobre la reducción de la competencia y el posible impacto en la calidad y el precio de los servicios.

Así, Telecom Argentina ha manifestado que aún no ha recibido una notificación oficial sobre la decisión del Gobierno y ha reiterado su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente. En un comunicado, aseguran que colaborará con los organismos reguladores para garantizar un proceso transparente y alineado con los estándares internacionales.

Antes de que el Gobierno anunciara la suspensión, la operadora Telecentro, cuarta en el mercado argentino, había presentado una denuncia ante la CNDC solicitando que se revisara la operación. La compañía argumentó que la adquisición consolidaría una posición dominante en el sector, afectando la competencia y limitando las opciones disponibles para los usuarios.

Según sus estimaciones, la transacción otorgaría a Telecom Argentina el 79% del mercado de telefonía fija, el 61% de las líneas móviles, el 48% de la banda ancha y el 42% de las suscripciones de televisión de pago. En este sentido, la compañía sostiene que la fusión infringiría la Ley de Defensa de la Competencia, al generar una situación de monopolio en varias áreas del país.