Trump ha abierto la cuadra de la IA y ha espoleado sus caballos hacia la gran conquista

La pugna por la supremacía tecnológica

Pero esta historia se escribe paso a paso y, de momento, Trump está desmontando el orden mundial, en todos los sentidos, para que, como bien dice él, perder a corto plazo pero ganar, y mucho, a un tiempo vista. Busca una deflación azotando el planeta para sacar mayor rentabilidad a su dinero, pagar a mejor precio la deuda y distraer a los ciudadanos mientras procura abrir camino a sus verdaderos objetivos.

Sin embargo, no todo será fácil porque la rivalidad entre Estados Unidos y China a este respecto es patente: ambos países invierten ingentes cantidades de dinero en el desarrollo de semiconductores, redes de telecomunicaciones 5G en todas sus versiones y plataformas de inteligencia artificial que van mucho más allá de ser simplemente la generativa que nos mantiene entretenidos a los humanos.

En 2023, el gobierno Biden aprobó la Ley CHIPS and Science Act y destinó más de 50.000 millones de dólares para impulsar la producción de chips en suelo estadounidense y reducir su dependencia de Asia. Por su parte, China respondió con inversiones multimillonarias a través de su plan ‘Made in China 2025’, cuyo objetivo es liderar sectores estratégicos como la robótica, la biotecnología y la inteligencia artificial.

Pero, ha llegado Donald Trump y ha adoptado por una postura disruptiva y menos regulada respecto a la inteligencia artificial (IA). De hecho, hace algunas semanas, el nuevo presidente derogó la orden ejecutiva de Joe Biden de 2023 que buscaba reglar los riesgos asociados a la IA, bajo el argumento de que “actuaban como barreras para la innovación estadounidense” y acto seguido se ha esforzado en promover un enfoque que prioriza la innovación y la competitividad tecnológica frente a cualquier atisbo de ética.

Muy grave es la petición de las empresas tecnológicas, que han solicitado al gobierno Trump no sólo que bloquee leyes estatales en materia de IA, sino que declare legal el uso de material con derechos de autor para entrenar sus modelos. Además, se ha lanzado el ambicioso ‘Proyecto Stargate’, con una inversión de 500.000 millones de dólares para revolucionar la infraestructura tecnológica de Estados Unidos. Su idea es clara: quiere garantizar la supremacía frente a competidores como China (yo diría que el único que tiene, porque la fuerza de Israel suma y la de otras potencias asiáticas no atemoriza).

En este contexto, tal vez los ciudadanos del mundo no deberíamos permanecer al margen, pero... ¿quién es consciente de que la tecnología influye en nuestras vidas individualmente, en nuestras democracias y en nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con el mundo? Daigual las veces que lo pidamos o lo gritemos: es vital que los gobiernos promuevan políticas que equilibren la innovación con la protección de los derechos fundamentales. Cuando queramos concienciarnos y tomar medidas será tarde.

La ciberseguridad como un nuevo campo de batalla

Sumado al desenfreno de la IA, la ciberseguridad es el tema clave en la agenda global. La Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. (NSA) y su homólogo chino, el Ministerio de Seguridad del Estado, han intensificado sus operaciones de ciberespionaje, mientras que la OTAN ha reforzado su ciberdefensa con iniciativas como el Centro de Excelencia Cooperativa de Ciberdefensa localizado en Estonia.

Y es que, según un informe que publicó IBM el año pasado, el coste medio de una filtración de datos puede superar los 4,45 millones de dólares (dato de 2023), lo que subraya la magnitud de la amenaza digital. Los ciberataques a infraestructuras críticas, como por ejemplo el ataque de ransomware contra Colonial Pipeline en EE.UU. en 2021, el histórico WannaCry de 2017 que afectó a más de 200.000 ordenadores en más de 150 países, o los ataques rusos a la red eléctrica ucraniana, han demostrado que la guerra moderna ya no se libra solo en el campo de batalla, sino en el ciberespacio. Una realidad tangible que explica que, desde la Unión Europea, nos hayan pedido que preparemos un kit para sobrevivir sin suministros 72 horas, tiempo que estiman de potencial recuperación de las redes y los centros de datos para que nuestra vida siga su curso.

Europa y su lucha por la autonomía digital

Europa, por su parte, en situación clara de indefensión por dejadez y lentitud, intenta encontrar su lugar en un tablero geopolítico dominado por los gigantes tecnológicos. Así, con iniciativas como la Ley de Chips, que busca atraer inversiones y fomentar la producción de semiconductores en la UE, y la Ley de Inteligencia Artificial, que establece un marco regulador para garantizar un uso ético de la IA, la Unión Europea trata de garantizar su autonomía digital, reducir su dependencia de terceros países y paliar el daño exterior (que parece imparable). Sin embargo, la falta de un liderazgo tecnológico claro y las diferencias entre los estados miembros dificultan la consolidación de una estrategia común, problema que podría superarse en los próximos meses al comprender que tienen claramente un ‘enemigo’ común que ha lanzado contra el mundo sus huestes ¿comerciales? No, digitales. Y que la postura de China es este nuevo mapa, no está clara.

Y si bien es verdad que la UE ha impuesto estrictas regulaciones en materia de privacidad y protección de datos, con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que ha servido de modelo para otros países, sigue rezagada en el desarrollo de gigantes tecnológicos capaces de competir con Google, Amazon, X, Microsoft o las chinas Tencent, ByteDance, etc. La Ley de los Mercados digitales y la Ley de los Servicios digitales, son un claro ejemplo de la debilidad de la UE a la hora de luchar contra empresas globales, controladoras y con intereses en todos los rincones del planeta. Básicamente son normativas tan ineficaces que el común de los mortales ni siquiera saben de su existencia.

Y…¿España?

España, de un tiempo a esta parte, sólo busca el control del relato. El ‘story telling’ o engañabobos del votante. Y qué mejor ejemplo: ¿recordamos la promesa que nos hizo Pedro Sánchez de una fábrica de chips de menos de 4nm en suelo español, que al poco tiempo ya se había convertido en una fábrica de chiplets y que hoy, aún, no es ni una cosa ni otra? ¿Y alguien se acuerda de la defensa pública de la Secretaria de Estado del desembarco multimillonario de Broadcom en nuestro país?

Por si acaso, hagamos memoria: en 2023, el Gobierno de España, sin muchos éxitos a la vista en cuanto a la manufacturación de procesadores en la piel de toro, anunció con gran alharaca la significativa inversión de la multinacional estadounidense Broadcom para la construcción de una fábrica de semiconductores en nuestro país. Esta noticia fue muy celebrada entre los portavoces gubernamentales por “su potencial para reforzar el ecosistema español de microchips, generar 500 puestos de trabajo, movilizar una inversión estimada de 1.000 millones de dólares en local, fortalecer la cadena de valor global en el sector de los semiconductores y avanzar en la autonomía estratégica y soberanía tecnológica de España y Europa en este campo crucial”. En el momento de aquel anuncio, Jaime Martorell, Comisionado Especial del PERTE Chip, destacó, además, la confianza de Broadcom en las “fortalezas estratégicas de España”.

Sin embargo, tras los últimos cambios del Gabinete (aquellos en los que salió Nadia Calviño), la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores (SEMYS SA-SME) se transformó súbitamente en la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), la cual es responsable, entre otras cosas, de las competencias del desarrollo del PERTE Chip: “SETT ejecutará bajo una dirección única 16.000 millones de euros procedentes del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip), el Fondo NextTech de apoyo a proyectos innovadores y el Fondo Spain Audiovisual Hub de apoyo y promoción del sector audiovisual”.

Es decir, capa de cal a lo que se nos dijo y ¿aquí no ha pasado nada? Las últimas adjudicaciones económicas ya no hablaban de fábricas sino de “proyectos de la cadena de valor de microelectrónica”. En concreto desde el anuncio del PERTE Chip en 2022, el Gobierno de España ha adjudicado un total de 151 millones de euros. De esta cantidad, 65,4 millones de euros corresponden a la primera convocatoria, en la que resultaron beneficiarias las empresas KDPOF y Semidynamics; 45 millones de euros se han destinado al programa Cátedras Chip, orientado a la formación de talento en el sector; y 40,6 millones de euros han sido asignados en la segunda convocatoria a siete proyectos enfocados en fortalecer la cadena de valor de la microelectrónica y los semiconductores. Además hay una sección pendiente de resolución (la destinada a IPCEI, con 90 millones de euros). Aunque me dejara algún dato, creo que lo expuesto nada tiene que ver con la cantidad que iba a destinarse a un cambio estructural en nuestro país y mucho menos con la inversión pública planificada de 12.250 millones de euros hasta 2027, de los cuales la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) gestiona actualmente 10.750 millones.

Eso sí, no sé si los gastos de la estructura directiva van con cargo a los 12.250 millones: el organigrama está encabezada por el Comisionado Especial para el PERTE Chip, Jaime Martorell, quien lidera la implementación del proyecto bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, específicamente a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO); aunque los rumores sectoriales aseguran que próximamente podría dejar el cargo.

Para reforzar la gobernanza del PERTE Chip, se estableció un Comité de Expertos compuesto por 11 miembros de reconocido prestigio en el sector de la microelectrónica. Este comité tiene la función de asesorar al Comisionado Especial y a la oficina técnica del PERTE Chip, con el objetivo de maximizar el impacto del proyecto.

Además, para gestionar los fondos, y coordinar las acciones relacionadas con el Plan, como ya hemos dicho, se creó la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Esta entidad está liderada por Javier Ponce, exdirector del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

Según asegura el Gobierno, “Esta estructura busca asegurar una gestión eficiente y coordinada del PERTE Chip, alineada con los objetivos de fortalecer el ecosistema nacional de microelectrónica y semiconductores”. Sin embargo, en términos de retorno de la inversión a corto, medio o largo plazo o simplemente, en creación de empleo, más allá de los responsables administrativos, poco o nada sabemos.

El mundo está mal, Europa está peor y España… España tiene que hacérselo mirar.