La pandemia del coronavirus Covid-19 ha provocado que se dispare el uso de los servicios de factura electrónica en un 50%, así como de la firma digital.
Desde el pasado 18 de abril, el conjunto de administraciones públicas, centrales, autonómicas y locales, están obligadas a facturar de forma electrónica.
La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador contra España como consecuencia de no cumplir a tiempo con la transposición de la norma europea sobre facturación electrónica en la Administración Pública.
