En este sentido, Rego se pregunta en este encuentro, del que Zonamovilidad.es es media partner oficial: “¿son los entornos digitales lugares seguros para nuestra infancia y juventud? ¿pueden actuar en el pleno desarrollo de sus derechos? Hoy nos respondemos que, rotundamente, no”.
“La autorregulación es insuficiente porque delega en las familias la responsabilidad de desenvolverse entre las diversas aplicaciones"
Ante esta situación, la ministra señala que la autorregulación “no ha funcionado”. “La autorregulación es insuficiente porque delega en las familias la responsabilidad de desenvolverse entre las diversas aplicaciones, comprender su uso y asumir la responsabilidad de la mejor elección, señala Rego.
Así, la ministra asegura que, ahora mismo, impera “la ley de la selva, incluso aunque las empresas hayan puesto, en pro de la regulación, herramientas para ayudar a los padres a controlar su uso”.
De este modo, Rego señala que “si los gobiernos regulamos la vida comunitaria porque esa es la esencia de la democracia, ¿a qué se debe esta resistencia a los entornos digitales?”.
En esta línea, la ministra reconoce que son muchos los retos a los que se enfrentan los reguladores a la hora de afrontar los derechos digitales, concretamente, de los menores, como el hecho de que “internet supera las fronteras físicas” o que “es un espacio que está en pleno cambio y que supera los tiempos de los reguladores”.
El objetivo de las empresas de obtener ganancias no puede “confundirse” con una situación en la que se “distribuyen dividendos a costa de la seguridad de las niñas, niños y adolescentes”
“El objetivo de una empresa de obtener ganancias no puede estar por encima de los niños, niñas y adolescentes”, afirma Rego, quien ha puesto en valor el reciente Anteproyecto de Ley de Entornos Digitales Seguros, que presentó el Gobierno a principios de mes y que contempla modificaciones en el Código Penal y obliga a las empresas tecnológicas a incorporar un sistema de control parental predeterminado en todos los dispositivos”.
La ministra de Juventud e Infancia apunta además que el objetivo de las empresas de obtener ganancias no puede “confundirse” con una situación en la que se “distribuyen dividendos a costa de la seguridad de las niñas, niños y adolescentes” y señala que “en internet no puede imperar la ley de la selva”, por lo que hace falta afrontar una regulación activa desde la Administración Pública para limitar los riesgos a los que se enfrentan los menores en la red.
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