La iniciativa de la cámara de diputados rusa, en sintonía con el gobierno de Putin ha levantado importantes críticas por parte de los operadores de internet. La instalación necesaria que se requiere para llevar a cabo el análisis del tráfico de datos de todo el estado y su desconexión de la red mundial, supondría un gasto de decenas de millones de rublos.
No obstante, en el caso de que el proyecto saliese adelante, se crea la posibilidad de minimizar el flujo de datos que intercambian ciudadanos rusos con foráneos. Además, en caso de amenaza, los operadores estarían obligados a garantizar la gestión centralizada del tráfico de datos, es decir su control por parte del estado, con todo lo que ello supone para los usuarios. La iniciativa prevé la creación de una infraestructura que garantice el funcionamiento del segmento ruso de internet en caso de que los operadores rusos no puedan conectarse con los servidores raíz extranjeros.
Según el senador ruso Andréi Klishas, promotor de este proyecto, “la relación de estas amenazas puede conformarse mediante un test que llevarán a cabo órganos del Estado, operadores de comunicaciones y los propietarios de las redes tecnológicas”.
Sin embargo, no existe una confianza plena sobre este proyecto entre todos los sectores de la sociedad. Además de los operadores de internet rusos, los cuales no están a favor de este proyecto debido a su coste como adelantamos, la Unión de Empresarios e Industriales de Rusia (UEIR) tampoco se encuentra muy convencida del funcionamiento de este proyecto. La entidad advierte que la puesta en práctica de las medidas que incluye la ley , podría llevar al colapso de las redes de comunicación del país.
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