El Juzgado Mercantil número 2 de La Coruña ha impuesto una sanción histórica a Roja Directa, la plataforma conocida por ofrecer acceso ilegal a eventos deportivos.
Puerto 80 Projects SL, empresa gestora de Roja Directa, y su administrador Igor Seoane, deberán pagar 31,6 millones de euros a Mediapro por daños y perjuicios relacionados con la piratería de partidos de fútbol durante la temporada 2014/2015.
El conflicto legal comenzó hace casi diez años, cuando Mediapro denunció a Roja Directa por vulnerar sus derechos de propiedad intelectual al retransmitir contenidos deportivos sin autorización. En 2022, el Tribunal Supremo ya había dictaminado que Puerto 80 y su administrador eran responsables de las actividades ilícitas de la web, que ofrecía enlaces para ver partidos en directo de forma gratuita.
La reciente sentencia establece la cuantía de la indemnización basada en el valor que Roja Directa habría debido pagar para obtener legalmente los derechos de emisión. Además, Seoane, como administrador único, es considerado responsable solidario de 15,8 millones de euros del total fijado.
Un modelo de negocio basado en actividades ilícitas
Roja Directa operaba ofreciendo acceso gratuito a partidos de fútbol y otros eventos deportivos, financiándose a través de publicidad y comisiones por redirigir tráfico a páginas de apuestas deportivas. Según informes judiciales, en una de las cuentas de Puerto 80 se identificaron ingresos superiores a los 11 millones de euros, lo que evidencia la magnitud del beneficio obtenido mediante estas prácticas ilegales.
Aunque el acceso era gratuito para los usuarios, las actividades de Roja Directa afectaron gravemente a los ingresos de las plataformas legales de retransmisión y a los derechos de los propietarios de los contenidos.
Además de la condena civil, Igor Seoane se enfrenta a un proceso penal promovido por Mediapro y LaLiga. Se le acusa de un delito continuado contra la propiedad intelectual por las actividades de Roja Directa. Por ello, el fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión, mientras que las acusaciones particulares piden hasta seis años. Además, Puerto 80 ha tenido que depositar una fianza de cuatro millones de euros para cubrir futuras responsabilidades.
Persistencia de la piratería
Aunque la justicia española ha logrado cerrar Roja Directa en el país, la plataforma sigue operando en el extranjero, lo que refleja las dificultades para erradicar completamente la piratería digital. Este caso subraya la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual y pone de manifiesto los retos legales y tecnológicos que plantea la lucha contra la piratería a nivel global.
La sentencia contra Roja Directa establece un precedente en la defensa de los derechos audiovisuales y refuerza el compromiso de las autoridades para combatir las actividades ilícitas que afectan a la industria del entretenimiento y las telecomunicaciones.
Si (
No(
