La CNMC recuerda que el Reglamento vigente establece que los operadores deben aplicar "automáticamente una Eurotarifa de voz" y debe ser el cliente el que opte "deliberadamente" por una tarifa alternativa. Este comportamiento, que supone una infracción muy grave, le reportó a Vodafone un 128% más de ingresos brutos a los que hubiera ingresado por aplicar la Eurotarifa.
La nota oficial explica que "en abril de 2013, el regulador español inició un procedimiento sancionador contra Vodafone por la vinculación automática de tarifas distintas a la Eurotarifa, sin que los abonados pudieran escoger el plan de precios que consideraran más adecuado. Según se indica en la resolución, la conducta de Vodafone se considera como muy grave al incumplir un requisito esencial establecido en el Reglamento del Roaming, durante un período de siete meses y habiendo informado anteriormente la CMT sobre su interpretación del Reglamento sin modificar Vodafone su práctica".
La autoridad entonces competente, la CMT, impuso, además, el 30 de abril medidas cautelares para que Vodafone aplicara por defecto la Eurotarifa a los nuevos clientes. A los que ya tuvieran contratados los planes RED o Base, Vodafone debía darles un plazo de un mes para que optaran deliberadamente por la tarifa de roaming alternativa.
Entre noviembre de 2012 y junio de 2013, Vodafone había activado por defecto a los clientes que contrataban los planes RED o Base la tarifa "Hablar y Navegar en Europa". Esta tarifa ofrece a los clientes que viajan dentro de la Unión Europea 20 minutos de voz, 20 SMS y 20 MB de datos por 4 euros al día (sin IVA). Los minutos, SMS o datos no utilizados en un día no se pueden acumular para el día siguiente.
La postura de Vodafone
Por su parte, Vodafone, va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la medida y asegura que se ratifica en la postura y la explicación que dieron en su día y que se basaba en dos puntos: de una parte, alegan que las tarifas que ofrecían a sus clientes eran más ventajosas que la Eurotarifa y de otra solicitan que haya una mayor homogeneidad de criterios en la normativa comunitaria; ya que por el mismo motivo, en unos países se sanciona a las compañías y en otros no.
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