factura electrónica

Las empresas españolas y autónomos deberán prepararse en 2025 para adaptar sus sistemas informáticos a 3 modos diferentes para entregar las facturas que emiten en función del tipo de cliente: público (B2G), empresa española (B2B), o intracomunitario, con sede en territorio foral o persona física (B2C). El mundo es digital, lo va a ser aún más, pero los legisladores siguen sin entender que la normativa que generan no tiene en cuenta la tecnología como palanca transformadora

España implantará la factura electrónica obligatoria. Su uso no es oficial, sin embargo, se espera que su uso sea obligatorio para todas las empresas y profesionales españoles con un volumen de negocio anual superior a 8 millones de euros a mediados de 2025 (2026 para facturación inferior a 8 millones). De este modo, las personas tienen un año para adaptarse.

La Secretaría General de la Administración Digital (SGAD) del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado MiFacturae, una solución diseñada para simplificar la creación y gestión de facturas electrónicas.

En España, la adopción de la facturación electrónica está en marcha. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital ha publicado una propuesta de reglamentación para la ley Crea y Crece, la cual establece un plazo de un año para las grandes empresas y dos años para las pymes para implementar la facturación digital e interconectarla con la plataforma del gobierno.

Madrid, Cataluña y Andalucía son las comunidades que encabezan el ranking de autonomías por volumen de emisión y recepción de facturas electrónicas en España. La crisis sanitaria, el impulso de la transformación digital y la obligatoriedad en las contrataciones públicas europeas explican el auge de la factura electrónica en 2020, además de sus ventajas en materia de sostenibilidad y eficiencia.