Los principales operadores de telecomunicaciones en España —Telefónica, MasOrange y Vodafone— han iniciado una ofensiva formal contra la actual fiscalidad que grava el uso del espectro radioeléctrico, considerado uno de los principales activos para prestar servicios móviles.
La medida se concreta en recursos administrativos y judiciales interpuestos por estas compañías, que buscan una revisión a la baja de una tasa que en 2024 les ha supuesto un desembolso conjunto cercano a los 430 millones de euros.
La tasa por el uso privativo del dominio público radioeléctrico es el principal cargo tributario específico que recae sobre el sector de las telecomunicaciones. En total, la recaudación por este concepto asciende a unos 540 millones de euros anuales, de los cuales alrededor del 80% proviene de los tres grandes operadores. La presión fiscal se ha mantenido estable —y en algunos casos ha aumentado— a pesar del acusado descenso en la facturación del sector: según datos de la CNMC, los ingresos por comunicaciones móviles han pasado de 14.023 millones de euros en 2010 a 8.223 millones en 2023.
Este desfase es uno de los argumentos clave en los recursos presentados. Telefónica y Vodafone han acudido al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), mientras que MasOrange ha optado por la vía del recurso de reposición ante el Ministerio para la Transformación Digital. Las compañías consideran que la tasa no se ajusta a la evolución del mercado ni a los actuales niveles de rentabilidad del sector.
Carga fiscal frente a expansión tecnológica
Las telecos señalan que, aunque sus ingresos se han reducido a la mitad desde 2008, la infraestructura de estaciones base —elementos clave para el uso del espectro— se ha incrementado en un 150% para dar soporte a las tecnologías 3G, 4G y ahora 5G. Esta evolución ha provocado un hundimiento del ingreso medio por nodo de radio de hasta el 80%, lo que, a juicio de los operadores, no se corresponde con una fiscalidad que consideran obsoleta.
Además, hacen valer precedentes como el del Reino Unido, donde el regulador Ofcom aplicó recientemente una rebaja del 21% en las tarifas de algunas bandas de espectro, con un ahorro estimado para las telecos británicas de 40 millones de libras anuales.
La patronal DigitalES ya había reclamado en 2024 una rebaja del 30% de esta tasa, con el respaldo implícito del Ministerio para la Transformación Digital, cuyo titular, Óscar López, asistió a la presentación del informe sectorial. Este informe recogía también las recomendaciones del Informe Draghi, que aboga por una desregulación y simplificación fiscal para dinamizar el desarrollo de infraestructuras digitales en Europa.
El verdadero obstáculo se encuentra en el Ministerio de Hacienda, que se muestra reacio a aplicar rebajas fiscales en un contexto de aumento del gasto público
Sin embargo, el verdadero obstáculo se encuentra en el Ministerio de Hacienda, que se muestra reacio a aplicar rebajas fiscales en un contexto de aumento del gasto público. A pesar de que las telecos ya lograron en 2023 que se eliminara su obligación de financiar RTVE mediante un canon del 0,9% de sus ingresos, la tasa por uso del espectro sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos indirectos para el ente público.
La reivindicación fiscal de las telecos no es solo una cuestión de ahorro. Detrás de la ofensiva se sitúan estrategias de eficiencia operativa y control de costes que impactan directamente en su capacidad inversora, especialmente en el despliegue de 5G. Casos como la renuncia de Vodafone a 10 MHz de espectro en la banda de 3,5 GHz, pese a que se le ofrecían gratuitamente, ilustran el efecto disuasorio de esta carga impositiva.
Los operadores insisten en que la titularidad estatal del espectro —un rasgo distintivo en el modelo español— no debería justificar un nivel impositivo que penaliza la competitividad frente a otros países europeos, donde las tasas son menores o directamente inexistentes.
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