En España, el fútbol es más que un deporte, es una industria multimillonaria con una enorme influencia económica y política. Sin embargo, la cruzada de LaLiga contra la piratería, liderada por su presidente Javier Tebas, ha generado un preocupante escenario de censura y control digital que pone en riesgo la libertad de acceso a internet y afecta gravemente a miles de empresas y usuarios legítimos.
Bajo el pretexto de proteger los derechos audiovisuales, se han producido bloqueos indiscriminados que van mucho más allá de las páginas pirata, arrasando con plataformas legítimas y golpeando a sectores que nada tienen que ver con la retransmisión de partidos, incluyendo a medios de comunicación como Zonamovilidad.es.
Un monopolio con poder absoluto sobre la red
El problema radica en el poder absoluto que LaLiga ha conseguido sobre las infraestructuras digitales. Aprovechando una sentencia del Juzgado de lo mercantil nº9 de Barcelona y la connivencia de los operadores de telecomunicaciones, que ejecutan los bloqueos sin rechistar, la organización ha conseguido convertir la lucha contra la piratería en un ejercicio de censura a gran escala. La excusa es la protección de sus derechos audiovisuales, pero los daños colaterales son inmensos.
Empresas tecnológicas, medios de comunicación y hasta servicios de IA generativa como OpenAI han visto cómo sus plataformas se han vuelto inaccesibles cada fin de semana cuando hay jornada de fútbol (solo con partidos de LaLiga y particularmente en los encuentros que afectan al Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid).
Los bloqueos no se limitan a supuestas páginas ilegales, sino que afectan a servicios legítimos, generando un apagón digital sin precedentes. Mientras tanto, LaLiga se escuda en el argumento de que -palabras textuales del presidente de la institución, Javier Tebas, en una entrevista con The Objective- solo unos “frikis” se quejan de estas medidas, ignorando el impacto real sobre el ecosistema digital.
Los operadores, cómplices de la censura
La pasividad de los operadores es otro elemento clave en este escenario. Movistar, Digi, O2 y otros grandes nombres del sector han aceptado sin rechistar las exigencias de LaLiga, justificando su inacción con la existencia de resoluciones judiciales. Sin embargo, lejos de garantizar una aplicación equilibrada de las medidas, las telecos han preferido adoptar un enfoque sumiso, sin intentar proteger a los miles de afectados que ven sus negocios y servicios bloqueados injustamente.
En lugar de establecer mecanismos más precisos y transparentes, las compañías han optado por apagar la luz a la menor sospecha, sin importar cuántas plataformas legítimas puedan caer en el proceso. La excusa de la piratería ha servido como justificación para un modelo de control absoluto que pone en duda la neutralidad de la red y deja en evidencia la falta de resistencia de los operadores frente a los intereses de una sola entidad.
Cloudflare y la batalla legal contra LaLiga
Ante este panorama, algunas empresas han comenzado a plantar cara. Como principal afectada en este caso, la multinacional de servicios web y ciberseguridad, Cloudflare, ha iniciado acciones legales contra LaLiga por su política de bloqueos “indiscriminados” e “ilegales”. La denuncia de Cloudflare señala que la organización ha ido demasiado lejos, interfiriendo en servicios que van mucho más allá de la retransmisión de fútbol y afectando a la infraestructura global de internet.
Javier Tebas, lejos de admitir errores, ha intensificado su ofensiva, llegando a acusar a Cloudflare de ser un refugio para delincuentes, asegurando que la compañía no solo protege páginas pirata, sino que también aloja contenidos delictivos como la pornografía infantil, el proxenetismo y las estafas.
El problema de fondo no es solo la piratería del fútbol, sino el precedente que se está sentando en cuanto al control de internet en España. Si una entidad privada puede imponer bloqueos de esta magnitud con el respaldo de los operadores, ¿qué impide que otras industrias hagan lo mismo en el futuro? ¿Qué garantías existen de que el acceso a la información no será restringido cada vez que un interés comercial así lo decida?
Si (
No(
