El Consejo de Ministros ha estudiado este martes el anteproyecto de ley que adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación. En concreto, el texto recoge modificaciones en tres leyes ya existentes para incorporar las provisiones de los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 (Reglamento Europeo de servicios digitales) y 2024/1083 (Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación).
La nueva normativa asigna a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el papel de coordinador de servicios digitales. La CNMC tendrá competencias en control, supervisión, inspección y sanción sobre plataformas digitales y buscadores. Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos supervisará las normas relacionadas con la publicidad basada en datos personales sensibles y el perfilado de menores.
El anteproyecto establece obligaciones para las plataformas digitales, como habilitar canales para denunciar contenidos ilícitos, transparencia sobre algoritmos y publicidad, y protección de los consumidores en el ámbito digital.
La normativa incluye un régimen sancionador con multas que varían desde los 30.000 euros en casos de infracciones leves hasta el 6% del volumen anual mundial del negocio para infracciones muy graves.
Creación de un registro público de medios
El texto aprobado también establece un registro público estatal gestionado por la CNMC. En él, los medios nacionales deberán inscribir información actualizada sobre su estructura de propiedad y los ingresos obtenidos por publicidad institucional. Este registro será accesible públicamente y se coordinará con registros autonómicos.
Finalmente, el anteproyecto modifica la Ley 3/2013 para adaptar la estructura de la CNMC a sus nuevas funciones relacionadas con la evaluación del impacto sobre el pluralismo mediático en las operaciones de concentración entre medios de comunicación.