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Por Antonio Rodríguez
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infozonamovilidades/4/4/18
viernes 07 de febrero de 2025, 09:00h

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que, antes de finalizar febrero, el Gobierno español lanzará una orden ministerial destinada a combatir las ciberestafas y las llamadas telefónicas fraudulentas.

Esta iniciativa busca abordar uno de los problemas más frecuentes que enfrentan los consumidores españoles: las llamadas comerciales que se enmascaran detrás de números móviles o fijos, lo que dificulta su identificación como llamadas no solicitadas.

El objetivo principal de la nueva normativa es poner fin a las llamadas comerciales realizadas desde números que no comienzan con los prefijos 800 o 900, los cuales están asociados a servicios gratuitos como atención al cliente o asistencia técnica. Según ha detallado el ministro López, la orden ministerial impedirá que las empresas utilicen números móviles para realizar llamadas comerciales.

Actualmente, muchas personas reciben llamadas de números desconocidos o móviles, creyendo que se trata de familiares o conocidos, solo para descubrir que se trata de una oferta comercial. Con la nueva normativa, estas prácticas quedarán prohibidas y las llamadas comerciales serán identificables de inmediato.

Además, el ministro ha destacado que, en caso de incumplimiento de la normativa, los ciudadanos podrán presentar denuncias ante la Oficina de Atención al Consumidor de las telecomunicaciones, lo que permitirá aplicar sanciones a las empresas infractoras.

Ciberestafas y vishing

Las llamadas fraudulentas, especialmente aquellas relacionadas con el vishing, son una de las principales amenazas de las ciberestafas actuales. El vishing es una técnica en la que los estafadores se hacen pasar por entidades conocidas, como bancos o empresas de telecomunicaciones, para obtener información personal y financiera de los usuarios. Estas prácticas, que han crecido significativamente en los últimos años, han llevado al Gobierno a tomar medidas para proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en las comunicaciones comerciales.

La medida propuesta también pretende reducir el número de llamadas molestas que los usuarios reciben a diario.

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