LinkedIn, la plataforma profesional propiedad de Microsoft, se enfrenta a una demanda colectiva presentada en un tribunal federal de San José, California.
Un grupo de clientes Premium de LinkedIn demandan a la red social por el uso indebido de sus datos
LinkedIn, la plataforma profesional propiedad de Microsoft, se enfrenta a una demanda colectiva presentada en un tribunal federal de San José, California.
Los demandantes, un grupo de clientes Premium de la red social, acusan a la compañía de compartir sus mensajes privados con terceros sin autorización, con el propósito de entrenar modelos de inteligencia artificial (IA). Este caso, identificado como De La Torre v LinkedIn Corp, plantea serias preguntas sobre la privacidad de los usuarios y el manejo de sus datos en el contexto del desarrollo de IA.
La controversia surge de la implementación de una nueva configuración de privacidad introducida por LinkedIn en agosto de 2024. Según los demandantes, esta función permitía a los usuarios decidir si deseaban compartir sus datos personales. Sin embargo, un mes después, LinkedIn actualizó su política de privacidad indicando que los datos de los usuarios podían usarse para entrenar modelos de IA. Además, en una sección de preguntas frecuentes, la empresa señaló que optar por no compartir datos no afectaría los entrenamientos previos ya realizados.
Los demandantes sostienen que esta actualización fue un intento de LinkedIn por justificar sus prácticas previas y "cubrir sus huellas". Afirman que la plataforma violó su promesa inicial de usar los datos únicamente para mejorar sus servicios, lo que califican como una acción deliberada para minimizar el escrutinio público y las consecuencias legales.
El caso afecta particularmente a los usuarios de LinkedIn Premium que utilizaron el sistema de mensajería InMail, cuyos datos se compartieron antes del cambio en la política de privacidad el 18 de septiembre de 2024. La demanda alega que esta práctica contraviene la Ley de Almacenamiento de Comunicaciones de Estados Unidos, que protege las comunicaciones electrónicas contra el uso no autorizado.
Los demandantes buscan una indemnización que incluye daños económicos no especificados y una compensación de 1.000 dólares por persona afectada, basándose en el supuesto incumplimiento de contrato y la violación de leyes de competencia desleal en California.
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