La eliminación del bloqueo geográfico en la Unión Europea ha avanzado, pero las diferencias en la aplicación de normas entre los Estados miembros continúan generando desafíos significativos. Un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo destaca que, a pesar de los esfuerzos realizados, el bloqueo injustificado sigue limitando la libertad de acceso de los consumidores a bienes y servicios en línea.
El reglamento sobre el bloqueo geográfico, implementado en 2018, tenía como objetivo combatir la discriminación basada en la nacionalidad o residencia. Sin embargo, los problemas prácticos persisten y requieren una atención urgente. Los auditores sugieren que se deben reforzar los mecanismos de ejecución y que es crucial informar mejor a los consumidores sobre sus opciones de apoyo y protección.
El informe también propone considerar la ampliación de esta normativa a sectores no cubiertos actualmente, como los servicios audiovisuales. El bloqueo geográfico ocurre cuando comerciantes en un Estado miembro impiden o restringen el acceso a sus plataformas digitales para clientes ubicados en otros países de la UE. Aunque existen justificaciones legales para algunas restricciones, la legislación europea prohíbe el bloqueo sin una razón válida.
Ildikó Gáll-Pelcz, miembro del Tribunal responsable de la auditoría, señala que "el bloqueo geográfico limita las oportunidades y alternativas de los consumidores, provoca su insatisfacción y levanta barreras al libre intercambio de productos y servicios en el mercado único digital de la UE”. A pesar de contar con normas para prevenir esta práctica, se han identificado deficiencias en su implementación.
Dificultades legales y desigualdades entre Estados miembros
Los conflictos surgen especialmente cuando las empresas son las compradoras. La falta de claridad sobre quién debe brindar asistencia legal dificulta la resolución de disputas, especialmente si involucra comerciantes de terceros países. Además, tanto consumidores como comerciantes muestran un desconocimiento general acerca de las opciones disponibles para protegerse.
Las diferencias en las medidas punitivas contra infractores también son notables; estas varían desde multas mínimas hasta sanciones millonarias. Esta disparidad puede generar condiciones desiguales en el mercado único europeo si cada Estado miembro aplica normas diferentes.
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