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Alberto Núñez Feijoo, presidente del PP y María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno
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Alberto Núñez Feijoo, presidente del PP y María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno

PSOE y PP se enfrentan por el asalto a Telefónica

Por Adrian Cascante
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adriancascante7gmailcom/15/15/21
lunes 20 de enero de 2025, 15:25h

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Feijóo en pie de guerra sobre la “alerta antidemocrática” tras el cese de Pallete en Telefónica mientras que María Jesús Montero asegura que para "mantener el dinamismo" de la operadora "tocaba renovar".

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de “alarma antidemocrática” las acciones recientes del Gobierno con el cambio de directiva en Telefónica, denunciando lo que considera una injerencia directa desde la Moncloa en la gestión de empresas privadas.

El dirigente popular asegura que estas prácticas deterioran gravemente las bases democráticas del país mientras que de frente María Jesús Montero, vicepresidenta primera del gobierno, asegura que este movimiento en las filas de la empresa es para "mantener el dinamismo" de la operadora porque "tocaba renovar".

Críticas al gobierno

Feijóo se ha pronunciado tras el cese de José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica y su sustitución por Marc Murtra, exlíder de Indra. “Ningún Gobierno puede cesar al presidente de una empresa cotizada desde el Palacio de la Moncloa”, calificando la acción como una muestra más de la “intervención directa del Ejecutivo en las empresas privadas”.

Según el líder del Partido Popular, este movimiento forma parte de una estrategia más amplia de control por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a quien Feijoo acusa en repetidas ocasiones de querer controlar para su beneficio personal instituciones clave como el CIS, RTVE, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado.

Según el ideario político del PP todas estas entidades han sido “sometidas” al mando gubernamental. “Ahora no se conforman con controlar los organismos públicos, también quieren manejar las empresas privadas”.

La "colonización" empresarial

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúñez, también se ha sumado a las críticas y ha acusado directamente al Gobierno de “colonizar” Telefónica para servir a sus intereses.

Según Fúñez, el relevo en la presidencia de la compañía “ha costado a los españoles 2.300 millones de euros”, aludiendo a las posibles repercusiones económicas del cambio en el liderazgo.

Durante su intervención en un acto en Ciudad Real, Fúñez calificó las acciones del Ejecutivo como un acto sin escrúpulos que refleja el “punto más bajo de la democracia española”. Por otro lado, ha denunciado un presunto intento de Sánchez de “intervenir y controlar” empresas privadas clave, una situación que, según el PP, pone en riesgo la confianza de los inversores.

La posición del Gobierno

Desde Moncloa, la ministra de Hacienda y actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha justificado los cambios en Telefónica asegurando que la empresa “necesitaba una renovación en su liderazgo”.

“Telefónica tiene un papel fundamental en el dinamismo económico del país, y este cambio responde a la necesidad de adaptarse a los retos del futuro”, afirma Montero.

Montero ha querido destacar que la decisión ha sido respaldada de forma directa por los propios accionistas mayoritarios de Telefónica, quienes han considerado que Marc Murtra, por su experiencia en Indra, es el candidato idóneo en la actualidad para liderar esta nueva etapa de la empresa.

La democracia a debate

La polémica en torno a este cambio de poderes se enmarca en un contexto de acusaciones mutuas entre el Gobierno y la oposición sobre los límites de la intervención pública en la economía.

Mientras el PP denuncia un intento de “monopolizar el poder”, el Ejecutivo defiende sus acciones como parte de su estrategia para garantizar la estabilidad y modernización de sectores clave.

El debate también ha despertado preocupación entre los sectores empresariales y económicos del país, quienes temen que estas disputas políticas afecten la reputación de España como un destino seguro para las inversiones.

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