Los tentáculos políticos del actual Gobierno de España han tardado menos de un año en revolucionar la mayor empresa de telecomunicaciones por facturación de nuestro país.
Apenas en mayo de 2024 se consolidaba el mandato del Consejo de Ministros para que la SEPI se convirtiera en uno de los principales accionista de Telefónica con un 10% de las acciones, superando por la mínima a las saudíes de STC, a los que ya han dado el visto bueno para llegar a esa posición. Por el momento, LaCaixa sigue siendo el mayor accionista (5,007% en manos de CriteriaCaixa y 5,007% en manos de la Fundación LaCaixa). El accionariado bancario lo completa el BBVA con un 4,839%.
Ahora, apenas 11 meses después de completar su entrada en el accionariado y de que en mayo del pasado año entrase Carlos Ocaña como consejero de SEPI dentro de Telefónica, el Ejecutivo rompe el molde y fuerza la salida del actual presidente, José María Álvarez-Pallete, para introducir a Marc Murtra, un directivo de larga trayectoria en gestión pública, muy cercano al PSC y sin ninguna experiencia profesional en el sector de las telecomunicaciones.
La injerencia política como prioridad
El cambio forzado en la presidencia de Telefónica refleja una tendencia cada vez más preocupante: la politización de las grandes empresas estratégicas en España. Este movimiento, lejos de responder a un análisis empresarial, parece obedecer únicamente a la intención del Gobierno de situar figuras afines en posiciones clave de poder.
En este caso, la elección de Marc Murtra, cuya trayectoria profesional se ha desarrollado mayoritariamente en el ámbito público y con vínculos evidentes con el PSC, deja en evidencia que los méritos o la experiencia en el sector no han sido factores determinantes.
Es clave comprender que Telefónica no es una empresa cualquiera. Es un pilar estratégico para la economía española y para su seguridad y desarrollo tecnológico. Sin embargo, este tipo de decisiones envían un mensaje claro: las prioridades políticas están por encima de las necesidades de la compañía.
Álvarez-Pallete, con años de experiencia al frente de Telefónica, ha liderado iniciativas clave como la expansión de la compañía en mercados internacionales y la transición digital de su infraestructura. En contraste, Marc Murtra, el candidato impuesto, carece de un historial que lo respalde en un sector tan complejo y competitivo como el de las telecomunicaciones.
El reemplazo de Pallete no es un movimiento aislado. Forma parte de un patrón que prioriza la colocación de perfiles afines al Gobierno en cargos estratégicos
El reemplazo de Álvarez-Pallete no es un movimiento aislado. Forma parte de un patrón que prioriza la colocación de perfiles afines al Gobierno en cargos estratégicos, debilitando la confianza en la independencia corporativa. En un sector donde la estabilidad y la transparencia son fundamentales, este tipo de decisiones aumentan el riesgo de fuga de capitales y dificultan la entrada de nuevos inversores.
Telefónica, que ya se enfrenta de por sí a una feroz competencia a nivel global, necesita un liderazgo fuerte y experimentado. Los desafíos del despliegue de la 5G y la futura 6G, la creciente competencia en servicios digitales y la presión regulatoria requieren una visión empresarial que supere las limitaciones impuestas por intereses políticos.
Así, el futuro de Telefónica dependerá, en gran medida, de cómo se maneje esta transición. Pero una cosa está clara: cualquier decisión que anteponga los intereses políticos a las necesidades empresariales tendrá un alto coste, no solo para la compañía, sino para el conjunto del tejido económico español.
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