Control en tiempos de internet: 1984 no estaba tan lejos de la realidad

En pleno 2024, España afronta una de las mayores encrucijadas de sus últimos tiempos. Podría parecer catastrofista, pero lo que estoy es asustado y preocupado. El Gobierno ha lanzado una serie de iniciativas dirigidas, según ellos, a combatir la desinformación en medios de comunicación y redes sociales. Entre estas medidas, destacan la creación de una figura encargada de señalar y rectificar las noticias falsas en internet que algunos usuarios publican, a los que han denominado como "buleros profesionales", así como nuevas propuestas legislativas que otorgarían al Ejecutivo la capacidad de supervisar y corregir contenidos en los medios.

Si estas medidas no alarman a los defensores de la libertad de expresión, quizás sea hora de desempolvar las obras de George Orwell y Aldous Huxley, entre otros, para entender por qué su distopía puede convertirse en nuestra realidad.

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De Orwell a la España de hoy: la verdad, monopolio del poder

George Orwell escribió en su novela ‘1984’ que “quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro”. En el mundo ficticio que planteaba, el poder residía en la manipulación sistemática de la información, con un Ministerio de la Verdad encargado de reescribir la historia y eliminar cualquier versión que no encajase con los intereses del Partido.

"Si el Gobierno se erige en árbitro supremo de la información, se abre la puerta a un peligroso monopolio de la verdad, tal y como anticipaba Orwell en su obra"

Hoy, el Ministerio de la Presidencia impulsa medidas que, si bien revestidas de buenas intenciones, despiertan serias dudas sobre el riesgo de que una narrativa oficial se imponga por decreto. En su último anuncio, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes advierte sobre la “industria de la mentira” y el impacto de los bulos en la propagación de ideas extremistas. ¿Pero quién decide qué es verdad y qué es mentira? Si el gobierno se erige en árbitro supremo de la información, se abre la puerta a un peligroso monopolio de la verdad, tal y como anticipaba Orwell en su obra.

La propuesta de controlar a los que han denominado como "buleros profesionales" en redes sociales creará una figura que recuerda a los "pensadores" oficiales del Partido de Orwell, cuya función era detectar cualquier desviación ideológica y corregirla. Esta iniciativa, en apariencia benigna, plantea preguntas inquietantes: ¿qué garantías existen para que no derive en un sistema de censura encubierta? ¿Qué ocurre cuando el error no es de un ciudadano, sino del propio gobierno?

Huxley y el control a través del confort

Mientras Orwell describía un control autoritario y represivo, Aldous Huxley en ‘Un mundo feliz’ imaginaba un dominio más sutil, basado en el condicionamiento y la distracción. En su visión, la información era manipulada no mediante la fuerza, sino inundando al público con entretenimiento superficial, evitando que se planteasen preguntas incómodas.

El enfoque del Gobierno español parece combinar ambos modelos: por un lado, el control explícito de los contenidos críticos a través de medidas como la rectificación obligatoria; por otro, una narrativa que apela al bienestar colectivo para justificarlo. En palabras del ministro Bolaños, las iniciativas buscan “proteger la democracia frente a la manipulación de la opinión pública”. Pero como decía Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”.

La vigilancia de la ciudadanía y de la prensa libre e independiente se convierte en la última línea de defensa frente a los abusos de poder

En un contexto donde el Ejecutivo pretende ejercer un control cada vez mayor sobre los canales de información, la vigilancia de la ciudadanía y de la prensa libre e independiente se convierte en la última línea de defensa frente a los abusos de poder.

No seré yo quien niegue que la desinformación es un gravísimo problema en esta era digital, pero las soluciones propuestas pueden ser aún más dañinas que el problema que pretenden resolver. En un entorno donde las redes sociales y los medios de comunicación ya afrontan críticas por la difusión de noticias falsas, otorgar al Gobierno la capacidad de intervenir directamente en la corrección de información crea un precedente inquietante.

Una cosa es fomentar la transparencia y la verificación de datos; otra muy distinta es centralizar en manos del poder político la capacidad de decidir qué es verdadero y qué no. Si se permite que un gobierno controle los mecanismos de información, ¿qué impedirá que un líder político utilice estas herramientas para sofocar la disidencia?

Pongamos fin al bulo del bulo

¿Defensa de la democracia o control del pensamiento?

En ‘1984’, el Partido justificaba todas sus acciones como necesarias para mantener el orden y proteger al pueblo. El problema, por supuesto, radicaba en que la supuesta protección no era más que una excusa para ejercer un control absoluto. En la España de hoy, las medidas contra los bulos podrían interpretarse como el primer paso hacia un sistema donde cualquier opinión disidente sea tachada de peligrosa o falsa.

Más allá de los titulares oficiales, es fundamental preguntarse qué efectos a largo plazo pueden tener estas medidas. ¿Será este el inicio de una era en la que los medios y las redes sociales funcionen como extensiones del poder gubernamental?

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"Cuando un gobierno asume la responsabilidad de decidir qué información es válida y cuál no lo es, la línea entre la protección y la censura se vuelve peligrosamente borrosa"

La democracia necesita información veraz, pero también necesita debate, crítica y diversidad de perspectivas. Cuando un gobierno asume la responsabilidad de decidir qué información es válida y cuál no lo es, la línea entre la protección y la censura se vuelve peligrosamente borrosa.

Las obras de Orwell y Huxley son ficciones distópicas, pero también sirven como advertencias sobre los peligros inherentes al poder desmedido. La España de 2024 está en un punto crítico, y las medidas propuestas por el Gobierno podrían marcar el inicio de una deriva autoritaria en la gestión de la información.

Como sociedad y como periodistas, es nuestra responsabilidad exigir transparencia, pero también límites claros al control gubernamental. La libertad de expresión y el acceso a la información plural no son privilegios; son derechos fundamentales que deben ser defendidos con firmeza. Porque, como advertía Orwell, “la libertad es el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere escuchar”. Y esa libertad no puede quedar en manos de ningún Ministerio de la Verdad.