La Unión Europea ha dado un paso importante hacia la regulación de la inteligencia artificial (IA) con la Ley de IA, que busca imponer nuevas normativas para garantizar la transparencia y la seguridad en el uso de esta tecnología.
Sin embargo, algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo han manifestado su preocupación por la posible rigidez de las normativas y las repercusiones económicas que podrían tener, incluidas multas millonarias.
La Ley de IA, aprobada por los legisladores europeos en mayo, es la primera regulación integral del mundo sobre inteligencia artificial. Sin embargo, el impacto real de la ley aún está por determinar, ya que los códigos de conducta asociados a la normativa aún no han sido finalizados. Estos códigos definirán cómo se aplicarán las reglas a los sistemas de IA de propósito general, como ChatGPT de OpenAI. Hasta que esto suceda, existe incertidumbre sobre cómo se exigirá el cumplimiento de la ley y si las empresas pudieran enfrentarse a demandas por infracción de derechos de autor o a multas multimillonarias.
Preocupaciones sobre la transparencia de los datos
Uno de los puntos más debatidos en torno a la Ley de IA es la obligación de las empresas de proporcionar "resúmenes detallados" de los datos utilizados para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Esto ha generado tensiones entre las empresas tecnológicas y los legisladores.
Esto permitiría a los creadores de contenido, como autores o fotógrafos, identificar si su trabajo ha sido utilizado sin su permiso y buscar compensación. En los últimos meses, empresas como OpenAI y Stability AI han sido objeto de críticas por negarse a proporcionar información detallada sobre los datos utilizados para entrenar sus modelos. Google y Amazon también han presentado solicitudes para formar parte de los grupos de trabajo encargados de desarrollar el código de conducta que acompañará a la ley.
Boniface de Champris, gerente de políticas de la Asociación de la Industria de Computación y Comunicaciones de Europa (CCIA Europe), defiende que el código de práctica será crucial para el futuro de la innovación. "Si es demasiado específico o restrictivo, será muy difícil seguir innovando", advierte Champris.
Presión por parte de las tecnológicas
Algunas empresas, incluidas Amazon y Google, han expresado su intención de colaborar para garantizar que el código de conducta que se redacte sea justo y aplicable. La preocupación principal es que la ley podría priorizar la regulación en detrimento de la innovación, según indicaron representantes de la industria tecnológica. Los defensores de la IA argumentan que las normativas demasiado estrictas podrían sofocar el crecimiento del sector en Europa.
“Hemos insistido en que las obligaciones deben ser manejables y, si es posible, ajustadas a las startups”
La presión sobre la UE para equilibrar la regulación de la IA con la necesidad de fomentar la innovación es cada vez mayor. Maxime Ricard, gerente de políticas de Allied for Startups, ha destacado la importancia de adaptar las obligaciones a las necesidades de las startups. “Hemos insistido en que las obligaciones deben ser manejables y, si es posible, ajustadas a las startups”, afirma Ricard.
Además de las grandes empresas, varias organizaciones no lucrativas, como Access Now y la Fundación Mozilla, también han solicitado participar en la redacción del código de conducta. Estas organizaciones están preocupadas por la falta de transparencia de las empresas tecnológicas en torno a los modelos de IA.
“Debemos tener cuidado de no permitir que los grandes jugadores de IA diluyan los mandatos importantes de transparencia”
Maximilian Gahntz, líder de políticas de IA en la Fundación Mozilla, destaca que "las grandes empresas de IA están evitando de manera deliberada la transparencia", y subrayó que la Ley de IA ofrece la mejor oportunidad para arrojar luz sobre el funcionamiento de estos sistemas. “Debemos tener cuidado de no permitir que los grandes jugadores de IA diluyan los mandatos importantes de transparencia”, advierte Gahntz.
Aunque la Ley de IA ya ha sido aprobada, las empresas tecnológicas tienen hasta agosto de 2025 para cumplir con las nuevas regulaciones.
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