El gobierno de Australia ha anunciado un proyecto de ley que impondría sanciones significativas a las plataformas tecnológicas que no logren controlar la difusión de desinformación en línea.
El gobierno de Australia ha anunciado un proyecto de ley que impondría sanciones significativas a las plataformas tecnológicas que no logren controlar la difusión de desinformación en línea.
Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para regular la actividad de gigantes tecnológicos, como Meta y X (antes Twitter), y garantizar que operen de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales de protección de información y seguridad pública.
Multas y regulación de la desinformación
El nuevo proyecto de ley propone que la Australian Communications and Media Authority (ACMA) sea responsable de supervisar las medidas de las plataformas tecnológicas para evitar la propagación de información falsa. En caso de incumplimiento, las plataformas podrían enfrentarse a multas de hasta el 5% de sus ingresos globales. Esta legislación se centra en frenar la difusión de información que pueda poner en riesgo la integridad de las elecciones, la salud pública o la seguridad de infraestructuras críticas y servicios de emergencia.
"La desinformación y la información errónea representan una amenaza seria para la seguridad y el bienestar de los australianos, así como para nuestra democracia, sociedad y economía", asegura Michelle Rowland, ministra de Comunicaciones de Australia, quien subraya además que ignorar este problema no es una opción viable, ya que permitir que la desinformación crezca sin control tendría consecuencias graves.
Este proyecto de ley exige que las plataformas tecnológicas creen y apliquen códigos de conducta que describan cómo planean abordar la difusión de desinformación. Estos códigos deberán ser aprobados por la ACMA, que también tendrá la facultad de establecer sus propios estándares si considera que las plataformas no están tomando las medidas adecuadas. La intención de la ley no es centrarse en publicaciones individuales, sino en sistemas más amplios de moderación de contenido que permitan identificar y actuar frente a la desinformación.
"Esto no trata sobre piezas individuales de contenido", matiza la ministra, "se trata de que las plataformas tecnológicas cumplan con sus promesas de abordar este problema a nivel sistémico", por lo que a diferencia de la versión anterior del proyecto de ley, la nueva propuesta no otorga a la ACMA el poder de eliminar publicaciones específicas o cerrar cuentas de usuarios.
La libertad de expresión en el foco
A pesar de que el gobierno australiano asegura que el proyecto de ley no afectará la libertad de expresión, las críticas no han tardado en aparecer. El Institute of Public Affairs (IPA) ha calificado la legislación como "el mayor ataque a la libertad de expresión en tiempos de paz en la historia de Australia". Según John Storey, director de políticas de la IPA, la ley otorga poderes excesivos a la ACMA para determinar qué contenidos son censurables, lo que podría resultar en una censura arbitraria de opiniones legítimas.
Por su parte, el Free Speech Union of Australia también critica la medida, alegando que el proyecto de ley podría capturar "cualquier diferencia de opinión". Reuben Kirkham, co-director de la organización, asegura que la legislación "aún falla en proteger la libertad de expresión" y señala que los criterios para definir qué es desinformación son ambiguos. "¿Cómo se determina si el contenido contiene información que es ‘razonablemente verificable como falsa’? Esto no está claro", argumenta Kirkham.
Además, las principales plataformas tecnológicas reciben con cautela la llegada de esta nueva legislación. La industria tecnológica, representada en parte por el organismo DIGI, ha mostrado sus dudas sobre la aplicación de la normativa, señalando que muchas preguntas permanecen sin respuesta sobre cómo se implementarán y harán cumplir los nuevos estándares.
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