El arresto de Pável Dúrov, fundador y CEO de Telegram, ha captado la atención mundial durante esta semana, dejando numerosas dudas y críticas sobre la gestión digital y el papel que juegan los propietarios de ciertas aplicaciones.
Esta detención, que tuvo lugar al norte de París el pasado sábado, fue el resultado de una investigación iniciada por la unidad de cibercrimen J3 de la fiscalía de París, encabezada por la fiscal Johanna Brousse.
Dúrov, de 39 años, fue arrestado bajo la sospecha de complicidad en delitos de crimen organizado, al presuntamente permitir que su plataforma se usara para la difusión de contenido ilegal, incluyendo imágenes de abuso sexual infantil, tráfico de drogas y fraude.
El arresto de Dúrov es el primer caso de un CEO de tecnología de su envergadura arrestado por cargos de este tipo
El arresto de Dúrov es significativo no solo por ser el primer caso de un CEO de tecnología de su envergadura arrestado por cargos de este tipo, sino también porque refleja un enfoque legal sin precedentes por parte de las autoridades francesas. Aunque ser puesto bajo investigación formal en Francia no implica automáticamente culpabilidad ni garantiza un juicio, esta medida indica que los fiscales consideran que existen suficientes pruebas para continuar con la investigación.
La detención de Dúrov, liberado bajo una fianza de 5 millones de euros con la prohibición de salir de Francia, plantea interrogantes sobre hasta qué punto un CEO puede ser considerado responsable de los delitos cometidos a través de su plataforma.
Unidad J3
A pesar de ser la unidad de cibercrimen más importante de Francia, la J3 es sorprendentemente pequeña, con solo cinco fiscales, algo que choca si se compara con otros países como Suiza, que cuenta con entre 55 y 60 fiscales especializados en cibercrimen.
Bajo la dirección de Johanna Brousse desde 2020, la J3 ha llevado a cabo investigaciones clave, incluyendo el desmantelamiento de la red de comunicaciones encriptadas Sky ECC, utilizada por organizaciones criminales para el tráfico de drogas y otros delitos graves.
La frustración del equipo creció debido a la "casi total falta de respuesta de Telegram a las solicitudes judiciales"
La unidad J3 comenzó a investigar a Durov a principios de este año después de observar un aumento en el uso de Telegram para cometer delitos graves, como la difusión de imágenes de abuso sexual infantil, tráfico de drogas y fraude. Según la fiscal de París, Laure Beccuau, la frustración del equipo creció debido a la "casi total falta de respuesta de Telegram a las solicitudes judiciales", lo que impulsó a Brousse y su equipo a tomar medidas más drásticas.
En una entrevista en 2022, Brousse explicaba que su objetivo es que los delincuentes digitales sean procesados, ya sea en su propio país o en Francia mediante órdenes de arresto internacionales.
El equipo de Brousse se ha destacado por ser innovador, especialmente en la manera en que persigue casos que pueden establecer precedentes internacionales. Según Patrick Perrot, coordinador de investigaciones asistidas por inteligencia artificial en la gendarmería francesa y asesor del cibercomando del Ministerio del Interior, la J3 ha mostrado que las plataformas tecnológicas no pueden operar sin restricciones.
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