Telefónica dispone de un mes para llegar a un acuerdo con los sindicatos para definir las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo, ERE, por medio del cual y según ha venido anunciado, realizaría un recorte de plantilla de 8500 trabajadores durante un periodo de cinco años, hasta el 2015. En el acuerdo las partes tendrán que considerar la postura del gobierno expresada en el Congreso ante la prensa por el Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, de que, tratándose de una empresa con beneficios, el ERE se haga sin trasladar sus costes al sector público de protección por desempleo.
No obstante, y aunque pudiera existir por parte de Telefónica la intención de mostrarse a favor de cumplir con esta exigencia del Estado, en caso de no hacerlo, la Ley estaría a su favor siempre que presente su propuesta al ente regulador antes de julio, mes para el que el Gobierno tiene prevista la entrada en vigor de la enmienda al Proyecto de Ley que reforma las políticas activas de empleo y por la que justamente la pretensión del Estado obtendría respaldo jurídico.
En la pasada Junta de accionistas, César Alierta, presidente de Telefónica, mantuvo que Telefónica requiere del recorte y
haciendo alusión al ERE de los años 90, aseveró que la operadora estaría quebrada a día de hoy de no haberlo efectuado. Recordó, además, que los ingresos en nuestro país descendieron durante el primer trimestre de este año un 5,6%.
Telefónica defiende su postura amparado en razones de organización, tecnología y especialmente en argumentos económicos, que sustenta en el informe presentado para la solicitud de apertura de su ERE. Según reseña el diario digital Xornal de Galicia, los factores aludidos inciden principalmente en que el coste por empleado es muy elevado con relación a los ingresos de la empresa y señala que “…las nóminas de los trabajadores españoles del negocio de telefonía fija, supusieron un desembolso de 2.170 millones de euros, cantidad que representa el 38% de todos los gastos de Telefónica España. A modo de ejemplo, la compañía indica que el segundo mayor concepto de gastos, que engloba los costes comerciales, asciende a 604 millones de euros, 3,6 veces menos que los de personal". Otro factor que incrementa los gastos, aunque en menor medida, es el hecho de emplear más recursos propios que sus competidores.
Aunque la negociación con los sindicatos aún está abierta, en principio el grupo de empleados que recibirían una oferta más tentadora para abandonar su puesto de trabajo son los de 49 años de edad, a los que se les promete unas condiciones muy ventajosas para su prejubilación de cara al 2015. No obstante, para la totalidad del colectivo, la empresa siempre ha mantenido que la reducción se realizará cumpliendo tres premisas: voluntariedad, universalidad y no discriminación. Una actitud en principio positiva, pero que en los momentos actuales obliga a plantearse la cuestión de si pueden existir tantos voluntarios, prejubilados aparte o no, que voluntariamente quieran darle la espalda a su contrato.
En cuanto al gasto que representa para la sociedad, y según ha informado el diario El País, “en el caso de Telefónica, la mayoría de quienes se acogen a un ERE tienen una larga carrera de cotización y bases máximas (38.760 euros brutos anuales). Si se estima que de media pueden tener un hijo a su cargo, eso supone que perciben una prestación mensual de 1.242,5 euros (29.820 euros en dos años). A esta última cantidad hay que añadir hasta 22.000 euros de cotizaciones (en caso de bases máximas), con lo que resulta un gasto final por trabajador para el antiguo INEM de cerca de 52.000 euros. Así que la cuenta final de los 8.500 despidos podría ascender a 440 millones.”
Cifras y acuerdos aparte, lo que ha quedado en la memoria colectiva y permanece a día de hoy ha sido la chocante noticia, revelada el mes pasado, de la previsión de primas millonarias para los grandes ejecutivos del operador español en paralelo con la puesta en la calle de miles de trabajadores. Y es que aunque se aleguen razones económicas reales, en estos tiempos de crisis en el que la nómina es el bien más preciado, ¿alguien se atreve a pronosticar si algún pñorcentaje del número de portabilidades o bajas que se sucedan en el futuro puedan deberse más a un castigo en solidaridad de afectados que a presiones de la competencia?
Si (
No(
