Los medios españoles obtienen primera victoria judicial contra Meta por competencia desleal

Ante esta acusación, Meta ha argumentado en su defensa que su residencia está en Irlanda, donde se toman todas las decisiones, y ha afirmado que atribuir la competencia judicial a los tribunales españoles pondría a Meta Ireland en una posición desfavorable, ya que podría ser demandada en cualquier Estado miembro. Meta ha sostenido que esta situación de riesgo de demandas en múltiples jurisdicciones causaría perjuicio en términos de costos legales, tiempo y recursos de defensa.

Un grupo de 83 periódicos españoles demandan a Meta por violar las normas de protección de datos

Indemnización de Meta

Siguiendo esta línea, el Juzgado de lo Mercantil nº15 de Madrid ha señalado en un documento de cinco páginas, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea presentada por Meta no va a poder tapar las indemnizaciones por daños y perjuicios y la culpa extracontractual están contempladas en el Reglamento Europeo 1215/2012 como asuntos cuasidelictuales. Además, indica que una persona que reside en un Estado miembro puede ser demandada en otro Estado miembro en el lugar donde ocurrió el daño. El Juzgado de lo Mercantil ha recogido en su documento que las 87 empresas que dieron su poder a AMI son empresas editoras de información y publicidad con domicilio en España, no en Irlanda, y que el daño económico reclamado a Meta por los demandantes claramente se produce en los resultados financieros de estas empresas y en España.

Para finalizar, el presidente de AMI, José Joly, ha destacado la gran importancia de esta primera victoria judicial, ya que asegura la continuación de la demanda presentada por los medios de AMI y obliga a la plataforma tecnológica a responder en el plazo establecido a las reclamaciones formuladas por los medios de comunicación. Esto permitirá que la justicia española pueda reparar el significativo daño causado por la conducta indebida de Meta, que durante años utilizó los datos personales de los ciudadanos para la venta de publicidad segmentada sin base jurídica, poniendo en peligro la sostenibilidad de los medios de comunicación y el derecho a la información de los ciudadanos españoles.