El gigante tecnológico Google ha llegado a un acuerdo con las autoridades italianas para resolver una disputa fiscal que involucraba el pago de impuestos no abonados entre 2015 y 2019.
Según la fiscalía de Milán, Google pagará 326 millones de euros para saldar la deuda fiscal, incluyendo impuestos, sanciones e intereses, aunque este acuerdo aún necesita la aprobación del juez de instrucción para su cierre definitivo.
Las autoridades italianas acusaron a Google de no haber pagado los impuestos correspondientes sobre los ingresos generados en Italia durante el periodo de 2015 a 2019. Este caso es el último episodio de una serie de disputas fiscales entre la empresa estadounidense y el gobierno italiano. En 2017, Google ya había llegado a un acuerdo similar en Italia, pagando 306 millones de euros para resolver una acusación sobre la existencia de un establecimiento permanente en el país. Sin embargo, en junio de 2024, las autoridades italianas exigieron un pago de 1.000 millones de euros en impuestos y multas no abonados, lo que llevó a la fiscalía a reabrir el caso.
A pesar de la cuantía de las sanciones, el acuerdo alcanzado por Google con las autoridades italianas permitirá cerrar la investigación sin necesidad de una prolongación del litigio. A cambio de los 326 millones de euros, Google podrá regularizar su situación fiscal en Italia y evitar mayores sanciones o complicaciones legales.
Otros problemas fiscales y regulatorios de Google
Este no es el único caso en el que Google ha estado involucrado en cuestiones fiscales o regulatorias en Europa. En 2021, la Autoridad Antimonopolio italiana multó a Google y Apple con 20 millones de euros por prácticas agresivas relacionadas con el uso de datos de consumidores para fines comerciales. Además, en mayo de 2021, Google fue sancionada nuevamente en Italia con 102 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de servicios online.
A nivel europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó en septiembre de 2024 una multa de 2.400 millones de euros a Google por violaciones antimonopolio. En este caso, se dictaminó que Google favorecía su propio servicio de comparación de precios por encima de los competidores en los resultados de búsqueda.