El caso Begoña Gómez avanza con la citación de tres nuevos testigos clave que deberán declarar próximamente: Google, Indra y Telefónica.
El caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la gestión del software asociado al máster que gestionaba en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) continúa generando controversia. En un nuevo giro de los acontecimientos, el juez Juan Carlos Peinado ha citado como testigos a los representantes legales de Google, Indra y Telefónica, quienes declararán el próximo 22 de enero de 2025.
Esta citación busca esclarecer el papel de estas compañías en el desarrollo de la herramienta tecnológica vinculada al máster que codirigía la actual primera dama desde el año 2020.
Un sinfín de delitos
Por su papel protagonista en la codirectiva del Máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid; Begoña Gomez se enfrenta a nuevos presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional.
El juez Peinado sigue investigando la causa y por ese motivo ha llamado a declarar a los representantes oficiales de Google, Indra y Telefónica, los cuales deberán presentarse a juicio el próximo día 22 de enero de 2025.
Según lo expuesto, Gómez habría solicitado presuntamente a directivos de estas empresas que desarrollaran el software sin coste alguno. En el caso de Indra, se estima que los trabajos superaron los 150.000 euros, pero ni el máster ni la UCM abonaron cantidad alguna. Posteriormente, Gómez registró la aplicación a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas y fundó una empresa que ofrece el software, controlando el 100% de las acciones.
Entresijos del proceso judicial
Además de las multinacionales, el juez también ha convocado al vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, José María Coello de Portugal, y a su antecesor, Juan Carlos Doadrio, junto con representantes de la Fundación Manpower y Arsys Internet, empresa encargada del dominio del programa con el objetivo de obtener una visión completa de las circunstancias que rodearon el desarrollo, registro y uso del software.
En una resolución anterior, el juez Peinado señaló que las acciones de Gómez podrían constituir apropiación indebida, al inscribir a su favor tanto la marca como el software financiado por empresas con fines académicos. Sin embargo, la Universidad Complutense, por su parte, aseguró en un informe remitido al juzgado que no tuvo conocimiento de las marcas registradas a nombre de Gómez hasta que la información fue publicada por los medios.
En el documento, la universidad también dejó constancia de que la constitución de la empresa se realizó sin su conocimiento ni participación, advirtiendo de los posibles perjuicios derivados de la confusión entre esta sociedad y la cátedra académica.
Sin ánimo de lucro
Gómez negó cualquier intención de lucro y afirmó que sus decisiones se tomaron siguiendo indicaciones de la Complutense
Durante su declaración como imputada, Gómez negó cualquier intención de lucro y afirmó que sus decisiones se tomaron siguiendo indicaciones de la Complutense. Para respaldar su defensa, presentó correos electrónicos que, según ella, demostrarían que actuó bajo las directrices de la Universidad. A pesar de ello, el magistrado insiste en las acusaciones y parece centrarse ahora en las empresas involucradas y en su papel en el desarrollo del software, algo que será clave para esclarecer si se produjo alguna irregularidad.
El caso, por su parte, sigue suscitando un intenso debate público y podría marcar un precedente en la relación entre entidades privadas, instituciones académicas y figuras públicas; además de ser un punto de inflexión clave en el recorrido de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España. La citación de los representantes de Google, Indra y Telefónica, así como de otros implicados, será determinante para avanzar en la investigación y arrojar algo más de luz sobre el caso.
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