El Ejecutivo ha establecido que la contratación de estos servicios se realizará mediante un procedimiento abierto para un plazo de 36 meses prorrogables (tres años) a un máximo de 24 meses (dos años) con el fin de mejorar los servicios tecnológicos que el Ministerio presta a la Administración de Justicia, como parte del plan Justicia 2030.
De este modo, se establece el primer lote con un importe superior a los 79 millones de euros para cubrir las necesidades de gestión integral de los sistemas, servicios e infraestructuras para la prestación de los servicios de negocio de Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia (DGTDAJ). Asimismo, incluye la definición y ejecución del proceso de evolución y mejora de estas infraestructuras tecnológicas, organización y procesos asociados al servicio.
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El segundo lote, con una inversión cercana a los 12 millones de euros, se refiere a la explotación de aplicaciones y soluciones de negocio del catálogo de servicios y entornos de responsabilidad de la DGTDAJ.
Por otro lado, el tercer lote, con ocho millones de presupuesto, se destinará a cubrir la contratación de la administración de certificados, gestión de acceso y otros servicios que deben estar tutelados y dirigidos por la Oficina de Seguridad del Ministerio de Justicia.