El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que modifica el derecho a la rectificación para adaptarlo a la era digital, ampliando las responsabilidades de los medios tradicionales y digitales, así como de los usuarios influyentes en plataformas sociales.
La medida busca luchar contra la desinformación y establecer mecanismos para que los afectados por noticias falsas puedan corregirlas de manera eficiente y accesible.
El anteproyecto introduce un cambio significativo en la legislación del derecho a la rectificación, que originalmente solo contemplaba a los medios de comunicación tradicionales. El texto plantea que no solo los medios de comunicación están obligados a corregir información errónea, sino también los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores. Este grupo de usuarios, que incluye a influencers y otras personalidades digitales, tiene una capacidad de difusión que, en muchos casos, rivaliza con la de los medios convencionales. Con esta nueva medida, el gobierno pretende asegurar que aquellos con un gran alcance en redes también asuman la responsabilidad de la información que comparten.
El gobierno español pretende adecuar el derecho a la rectificación a la nueva realidad del ecosistema informativo digital
Así, el gobierno español pretende adecuar el derecho a la rectificación a la nueva realidad del ecosistema informativo digital. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado en rueda de prensa que esta reforma busca facilitar la rectificación de las personas afectadas por noticias falsas y proporcionar un entorno más seguro para el debate público y democrático.
Bolaños también apunta que esta ley tiene como objetivo hacer más difícil la vida a los "profesionales del bulo y la mentira", quienes, según el gobierno, aprovechan las redes sociales para difundir información errónea de manera sistemática. La norma busca sancionar estas conductas y garantizar que quienes generen desinformación no eludan su responsabilidad.
Además, se amplía el derecho a la rectificación a las personas cuyos familiares fallecidos hayan sido afectados por informaciones falsas. Este tipo de situaciones, aunque raras, han generado malestar entre los afectados y sus familias, por lo que esta nueva normativa busca darles una vía para defender su honor y el de sus seres queridos.
Además, el anteproyecto incluye un refuerzo en los derechos de las personas con discapacidad, lo que refleja un enfoque inclusivo para que todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias, puedan ejercer este derecho con facilidad.
Más agilidad al pedir una rectificación
El procedimiento para solicitar la rectificación de una noticia falsa será más ágil y accesible que en la ley anterior, que databa de 1984. Según el nuevo anteproyecto, los ciudadanos tendrán un plazo de 10 días para solicitar la rectificación de la información errónea, mientras que el medio o usuario de redes sociales tendrá 72 horas para llevar a cabo la corrección. En cuanto a los medios de comunicación, deberán publicar la rectificación en un lugar visible y con la misma relevancia que la noticia original, en un formato gratuito.
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