A escasas horas de que su fundador, Oscar Pierre, declare en el proceso penal que tiene pendiente; Glovo abandona el modelo de falsos autónomos y opta por contratos laborales.
Tras años de sanciones y un proceso penal en curso, la plataforma de reparto de comida Glovo ha anunciado que adoptará un modelo 100% laboral en España, dejando atrás el uso de falsos autónomos.
Este cambio se produce en un contexto de creciente presión legal y mediática, marcado por más de 200 millones de euros en sanciones por incumplimientos con la Seguridad Social y la inminente declaración de su fundador, Oscar Pierre, en un proceso penal.
Un giro estratégico
Glovo, que hasta ahora había operado ignorando la ‘ley rider’ aprobada en 2021 y las resoluciones judiciales que reconocían la relación laboral con sus repartidores, adopta esta decisión un día antes de la comparecencia de Pierre ante el juez. La Fiscalía acusa al empresario de un delito contra los derechos de los trabajadores, señalando prácticas que “menoscaban y suprimen” las garantías laborales de los riders.
La empresa ha explicado que el nuevo modelo laboral abarcará las más de 900 ciudades donde opera en España y se aplicará a todos los servicios que ofrece la aplicación, sin afectar la experiencia de los usuarios ni la colaboración con restaurantes y establecimientos.
La decisión de Glovo de regularizar a sus repartidores supone un cambio significativo para el sector de la economía digital en España, marcando un precedente para otras plataformas. Este movimiento también evidencia la eficacia a largo plazo de la ‘ley rider’ y las reformas legales recientes en la protección de los derechos laborales en el entorno digital.
La presión del gobierno
La ‘ley rider’, vigente desde 2021, obliga a las plataformas digitales a contratar a sus repartidores como empleados. Sin embargo, Glovo había mantenido su modelo de falsos autónomos, incluso después de una sentencia del Tribunal Supremo en 2020 que confirmó la laboralidad de la relación con los riders.
Ante el incumplimiento reiterado, el Gobierno endureció el Código Penal en enero de 2023, introduciendo penas de hasta seis años de prisión para quienes impongan condiciones laborales ilegales, incluso tras sanciones administrativas.
Desde 2014, la Inspección de Trabajo ha identificado y dado de alta de oficio a 40.889 repartidores que trabajaron como falsos autónomos para Glovo, por lo que este cambio legal permitió iniciar acciones penales contra Glovo, a día de hoy, consideradas un paso crucial para garantizar el cumplimiento de la normativa.
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