A partir del próximo 20 de junio de 2025, los teléfonos inteligentes y tabletas comercializados en la Unión Europea deberán incluir una nueva etiqueta energética visible en su embalaje.
Así lo establece el Reglamento Delegado (UE) 2023/1669, que amplía el alcance del ya conocido Reglamento (UE) 2017/1369 al incluir estos dispositivos entre los productos sujetos a etiquetado energético. El objetivo: fomentar el ecodiseño, alargar la vida útil de los aparatos y facilitar su reparación y reciclaje.
La etiqueta en cuestión, visualmente similar a la que ya incorporan televisores, frigoríficos u hornos, ofrecerá una clasificación energética de la A a la G, donde A representa la mayor eficiencia y G la menor. Sin embargo, en el caso de los smartphones y tablets, la información va más allá del simple consumo energético. Los consumidores podrán consultar de un vistazo la autonomía de la batería, su resistencia a caídas, la facilidad de reparación del dispositivo o su grado de protección frente al polvo y al agua (según el estándar IP).
El etiquetado también incluirá un código QR que enlaza directamente con la base de datos EPREL (European Product Database for Energy Labelling), donde se encuentra toda la información técnica proporcionada por el fabricante, así como el identificador del modelo y su marca comercial.
Transparencia obligatoria por parte de los fabricantes
Las nuevas exigencias impuestas por Bruselas obligan a los fabricantes a registrar sus productos en la plataforma EPREL antes de su comercialización. Son ellos los responsables de proporcionar datos verificados y veraces, desde la durabilidad de la batería hasta el número de ciclos de carga y descarga que puede soportar manteniendo al menos el 80% de su capacidad inicial.
La Comisión Europea ha dejado claro que se prohibirá la venta de dispositivos diseñados para alterar su rendimiento durante las pruebas de conformidad. Además, deberán superarse evaluaciones específicas para asegurar que las declaraciones incluidas en las etiquetas sean fiables. Esto, en palabras del propio reglamento, pretende “optimizar el uso de materias primas fundamentales y facilitar su reciclado”.
Deberán comprometerse a ofrecer actualizaciones del sistema operativo durante al menos cinco años desde el lanzamiento del dispositivo
Otro punto clave del reglamento es la apuesta decidida por mejorar la reparabilidad. Los fabricantes tendrán que garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto para consumidores y talleres independientes, y asegurar que cualquier software o firmware necesario para las reparaciones esté disponible sin restricciones. También deberán comprometerse a ofrecer actualizaciones del sistema operativo durante al menos cinco años desde el lanzamiento del dispositivo.
La fiabilidad mecánica también se evalúa. Por ejemplo, se califica la resistencia del terminal a caídas en una escala de la A a la E, siendo A la mejor nota. Lo mismo ocurre con la reparabilidad, que contará con su propio baremo, permitiendo al consumidor comparar distintos modelos con información estandarizada.
Impacto en el mercado y el consumidor
Desde el punto de vista del usuario, esta etiqueta representa un avance significativo en términos de transparencia. Por primera vez, será posible valorar aspectos técnicos de gran relevancia sin necesidad de recurrir a análisis externos o webs especializadas, como los que hacemos en Zonamovilidad.es. Como consecuencia, los fabricantes que hasta ahora descuidaban componentes clave en dispositivos de gama baja —como el soporte de software o la durabilidad de la batería— tendrán que mejorar sus estándares si desean mantenerse competitivos.
Sin embargo, este incremento en los requisitos podría tener un efecto secundario evidente: el aumento de precios. La mejora en los materiales, la ampliación del soporte técnico y la obligación de facilitar reparaciones podrían repercutir directamente en el coste final para el consumidor.
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