El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un ambicioso Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa con una inversión total de 33.123 millones de euros, de los cuales 10.471 millones son fondos adicionales para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en gasto militar en 2025.
Si bien la estrategia abarca múltiples frentes, uno de los pilares más destacados es el impulso decidido a la ciberseguridad, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones estratégicas. Un movimiento que responde a las amenazas del siglo XXI y coloca a España en la senda de una defensa digital sólida y soberana.
“Los enemigos de Europa ya no solo emplean tanques y misiles, sino también drones, ciberataques, sabotajes y desinformación”, señala el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para contrarrestar este nuevo tipo de ofensiva, el plan contempla destinar el 31% de su presupuesto, más de 3.260 millones de euros, al desarrollo de capacidades tecnológicas clave en materia de ciberseguridad y comunicaciones seguras.
El 75% de las inversiones estarán dirigidas a proyectos que puedan aplicarse tanto en el ámbito militar como civil
Uno de los aspectos más relevantes del plan es su apuesta por la tecnología dual: el 75% de las inversiones estarán dirigidas a proyectos que puedan aplicarse tanto en el ámbito militar como civil. Esto implica una sinergia directa entre defensa e industria, que se traduce en oportunidades de crecimiento para el sector tecnológico español.
Este bloque de inversión tiene como objetivo levantar un “escudo digital” que proteja infraestructuras críticas como hospitales, redes eléctricas o centros de datos. Para ello, se dotará al Centro Criptológico Nacional (CCN) con 376 millones de euros, permitiéndole incorporar herramientas basadas en inteligencia artificial, análisis avanzado de datos y nuevas capacidades de detección y respuesta ante amenazas. Además, se reforzará la ciberinteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con un incremento presupuestario de 106 millones.
Tecnología de vanguardia y conectividad táctica
El plan incluye 350 millones de euros para modernizar el Sistema Conjunto de Radio Táctica, clave para las operaciones en terreno. Asimismo, 338 millones se destinarán a mejorar la conectividad de seguridad aérea y 241 millones a actualizar sistemas de comunicación que faciliten el conocimiento en tiempo real durante las misiones. Entre los proyectos más innovadores destaca la inversión de 200 millones para desarrollar un satélite de imagen radar que aumente la vigilancia remota y la autonomía tecnológica.
España también quiere consolidar sus capacidades en almacenamiento en la nube, redes 5G militares, inteligencia artificial aplicada a defensa y computación cuántica. Esta visión integral de la seguridad digital va más allá del ámbito estrictamente militar: busca reforzar la resiliencia del Estado frente a amenazas híbridas y consolidar un ecosistema tecnológico competitivo.
Defensa y disuasión en clave tecnológica
Aunque el armamento tradicional sigue presente, el enfoque del plan se centra en la modernización y la disuasión inteligente. De este modo, se invertirán 1.962 millones de euros (un 18,7% del total) en desarrollar nuevas capacidades estratégicas. Entre ellas, la creación de una reserva estratégica de munición según los estándares OTAN (564 millones) y la inversión en movilidad terrestre sostenible (300 millones).
Emergencias, cambio climático y respuesta logística
El plan contempla también un importante componente civil. Más de 1.750 millones de euros se destinarán a reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias como incendios, inundaciones o crisis sanitarias. Se incluyen fondos para renovar la flota aérea con siete nuevos aviones anfibios y modernizar infraestructuras críticas del Ministerio de Defensa.
Además, parte de esta partida se empleará para apoyar a Ucrania con asistencia técnica y material defensivo, lo que demuestra la implicación de España en la estabilidad regional europea.
Con todo ello, el Gobierno prevé que el impacto económico sea significativo, con un aumento estimado del PIB de entre 0,4 y 0,7 puntos, un incremento del 18% en I+D+i y la creación de casi 100.000 empleos, muchos de ellos cualificados.
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