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Ericsson concluye el monitoreo del Departamento de Justicia y es libre para operar sin vigilancia constante

Ericsson concluye el monitoreo del Departamento de Justicia y es libre para operar sin vigilancia constante

Por María García
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infozonamovilidades/4/4/18
lunes 03 de junio de 2024, 11:10h

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Ericsson ha concluido el periodo de Monitor de Cumplimiento Independiente designado por el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) en junio de 2020.

La medida, que se tomó en relación con el Acuerdo de Procesamiento Diferido (DPA) de 2019 para resolver violaciones históricas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), se suma al Acuerdo de Declaración de Culpabilidad de marzo de 2023 con el DOJ, que siguió a infracciones no criminales del DPA, también expiró el 2 de junio, dejando libre a la compañía sueca de todas sus obligaciones de monitoreo constante.

Durante los últimos cuatro años, el rol del Monitor de Cumplimiento Independiente ha sido revisar, evaluar y probar de manera exhaustiva todos los aspectos del programa global de cumplimiento anticorrupción y los controles internos de Ericsson. El 28 de marzo de 2024, el monitor certificó ante el DOJ que el programa de cumplimiento anticorrupción de Ericsson ha satisfecho los requisitos y está funcionando de manera efectiva.

"Durante los últimos cuatro años, hemos implementado importantes requisitos y procesos de cumplimiento"

“Este es un hito importante en nuestro camino para mejorar nuestra organización. Durante los últimos cuatro años, hemos implementado importantes requisitos y procesos de cumplimiento. Nuestro compromiso con la integridad es sólido y no toleramos la corrupción, el fraude u otras conductas indebidas”, celebra Börje Ekholm, presidente y CEO de Ericsson.

Por qué estaba monitoreado

La designación del monitor en 2020 llegó tras un acuerdo con el DOJ el año anterior para resolver una investigación sobre supuesta corrupción por parte de la empresa en China, Vietnam y Djibouti. En el marco del acuerdo de 2019, Ericsson acordó pagar una multa penal y comprometerse con un monitor de cumplimiento independiente por tres años, plazo que luego se extendió un año más.

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