La guerra judicial sobre el bloqueo de direcciones IP en España sigue avanzando con la presentación de dos iniciativas legales que buscan revocar la sentencia utilizada por LaLiga y Telefónica para impedir el acceso a retransmisiones no autorizadas de partidos de fútbol.
Este caso, que se tramita en el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, pone en cuestión la legalidad de las medidas impuestas y su impacto sobre terceros ajenos a la piratería de contenidos audiovisuales.
La primera acción legal proviene de Cloudflare, que ha solicitado la revisión de la resolución judicial mediante un incidente de nulidad. Esta medida permite cuestionar sentencias firmes en casos donde se alegue vulneración de derechos fundamentales.
La compañía acusa a LaLiga de no haber informado al juzgado sobre los efectos colaterales del bloqueo
Con ello, la compañía acusa a LaLiga de no haber informado al juzgado sobre los efectos colaterales del bloqueo, argumentando que esta omisión perjudica a terceros y al interés público. Su objetivo es evitar bloqueos indiscriminados en el futuro y garantizar que los derechos comerciales no prevalezcan sobre los derechos digitales de los usuarios.
La segunda iniciativa la ha presentada la comunidad de ciberseguridad RootedCON, junto con un grupo de afectados representados por el abogado especializado en derecho digital Javier A. Maestre. Su incidente de nulidad incorpora un informe pericial que acredita los perjuicios causados a usuarios y empresas sin relación con las retransmisiones ilícitas.
Próximos pasos
Después de que se hayan admitido a trámite ambas en los últimos días, se abre un periodo de cinco días para presentar alegaciones por parte de las partes implicadas, aunque fuentes internas de la teleco española y de la institución deportiva avanzan a Zonamovilidad.es que defenderán el caso por el “grave daño que representa la piratería a los propietarios de derechos”.
La admisión a trámite no implica la suspensión inmediata de las medidas impuestas, y es simplemente un trámite administrativo
En esta línea es importante recordar que la admisión a trámite no implica la suspensión inmediata de las medidas impuestas, y es simplemente un trámite administrativo que supone que la justicia estudiará el caso, pero sí abre la posibilidad de que el juez reevalúe la ejecución de los bloqueos. Entre los posibles desenlaces, se encuentra la aclaración de cómo deben aplicarse estas restricciones, la exigencia de garantías para evitar daños a terceros o la supervisión más estricta de las listas de IP bloqueadas por La Liga y Telefónica en cada jornada.
Polémica paralela: RojaDirecta entra en juego
El proceso ha derivado en una controversia adicional, ya que RootedCON ha denunciado intentos de desacreditación por parte de LaLiga. Según la comunidad de ciberseguridad, se ha intentado vincular a su abogado, Javier A. Maestre, con la plataforma Rojadirecta, que enfrenta litigios contra LaLiga y Movistar por casos similares.
Desde RootedCON han rechazado categóricamente cualquier relación con Rojadirecta y han calificado estas maniobras como un intento de desviar la atención del debate principal: el impacto de los bloqueos de IP sobre derechos fundamentales y el acceso libre a internet.
Si (
No(
