La colaboración de ambas compañías tecnológicas, canalizada a través de una comisión rogatoria internacional, marca un punto de inflexión en el proceso judicial que instruye el magistrado Ángel Hurtado.
El juez instructor ha confirmado la recepción de "dos carpetas zip" procedentes de Estados Unidos que contienen la información solicitada a ambas plataformas. Los datos han sido remitidos por la delegación estadounidense en respuesta a la petición cursada tras conocerse que Meta Platforms Ireland Limited, responsable de WhatsApp en Europa, opera bajo jurisdicción estadounidense.
Dichos archivos serán ahora sometidos a un exhaustivo análisis por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta unidad especializada deberá emitir un informe pericial sobre el contenido, con un foco específico en las comunicaciones digitales que puedan haberse producido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, fechas críticas para el caso.
La investigación gira en torno a la supuesta filtración de información relacionada con una causa fiscal abierta contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general del Estado, imputado por revelación de secretos, ha sido señalado por haber eliminado mensajes de su cuenta de WhatsApp y haber formateado su teléfono el pasado octubre, tras conocerse la imputación.
Los intentos previos por recuperar estos datos resultaron infructuosos, motivo por el cual el Supremo dirigió peticiones formales tanto a Google como a WhatsApp solicitando copias de seguridad de chats, archivos multimedia y datos almacenados en sus servidores.
El juez Hurtado ha decidido abrir una pieza separada del caso con carácter secreto durante al menos un mes, a fin de preservar la integridad de la información recuperada
El juez Hurtado ha decidido abrir una pieza separada del caso con carácter secreto durante al menos un mes, a fin de preservar la integridad de la información recuperada. La medida, habitual en este tipo de diligencias, tiene como objetivo garantizar la confidencialidad de las pruebas durante el proceso de análisis forense.
El contenido remitido, aún sin concretar públicamente, podría resultar decisivo para confirmar o descartar la participación activa de García Ortiz en la filtración. Según indica el magistrado en su resolución, ya existen "elementos indiciarios suficientes para atribuirle la filtración", y esta nueva evidencia digital podría reforzar esa tesis o derivar en nuevas imputaciones.
El proceso continúa con la citación como testigo de Alberto González Amador el próximo 23 de mayo y la comparecencia de agentes de la UCO prevista para el 16 del mismo mes.