El fenómeno responde a una ofensiva coordinada por LaLiga, apoyada por una sentencia judicial de 2022 y ejecutada por los principales operadores del país, como Movistar, Vodafone, MasOrange y Digi. Todo, en nombre de la lucha contra la piratería. Sin embargo, el método elegido ha encendido todas las alarmas en el ámbito tecnológico por sus implicaciones sobre los derechos digitales, la censura en la red y la neutralidad del tráfico.
LaLiga obtuvo una resolución judicial que le permite, con autorización previa, enviar a los operadores una lista de dominios para ser bloqueados en tiempo real. La peculiaridad del caso es que esa sentencia, resultado de una denuncia de LaLiga y Telefónica contra las propias telecos, ha generado un sistema de censura preventiva sobre rangos amplios de IP, muchas veces sin criterio fino, afectando a servicios y plataformas sin relación alguna con la piratería audiovisual.
Este enfoque ha impactado directamente a infraestructuras tecnológicas críticas como Cloudflare y Vercel, empresas proveedoras de redes de entrega de contenido (CDN). El propio CEO de Vercel, Guillermo Rauch, ha denunciado públicamente que “España está censurando internet bloqueando las IP de los CDN de Vercel, las puertas de entrada de millones de aplicaciones y páginas web” y Cloudflare ha tratado de llevar, sin éxito, el caso a los tribunales. Las consecuencias técnicas de estos bloqueos se reflejan en caídas de servicios, problemas de accesibilidad y cuantiosas pérdidas económicas para las páginas webs, que además de ecommerce, incluyen también a medios de comunicación.
La situación ha vuelto a poner en el centro del debate el principio de neutralidad de la red. Esta idea, que defiende que los proveedores de servicios de internet deben tratar todos los datos por igual, sin discriminar ni priorizar contenidos, se ha ido erosionando en los últimos años por acuerdos comerciales y, ahora, por decisiones judiciales.
Aunque en ocasiones los bloqueos de contenidos pueden estar justificados por causas legales como la lucha contra la pornografía infantil, el uso de este mecanismo para proteger derechos de emisión deportiva genera un precedente preocupante. Como señaló recientemente Cloudflare, el juzgado “no evalúa el significativo impacto que estos bloqueos tienen en nuestros servicios y el daño a los internautas inocentes”.
Este domingo, las pérdidas contabilizadas por bloqueos ascendían a más de 73.000 euros
Ni el Gobierno español ni la Comisión Europea se han pronunciado con claridad sobre la situación. Frente a este vacío institucional, la comunidad digital ha comenzado a organizarse y ha nacido el movimiento #LaLigaGate, que aglutina información, herramientas de monitorización de IPs y una plataforma para que empresas afectadas reporten pérdidas económicas. Este domingo, las pérdidas contabilizadas por bloqueos ascendían a más de 73.000 euros.
LaLiga, por su parte, continúa defendiendo su estrategia. Incluso ha publicado recientemente una oferta de empleo para reforzar su equipo de ciberseguridad durante los fines de semana, coincidiendo con los horarios de mayor tráfico deportivo. Mientras tanto, crecen las críticas por lo que muchos consideran un uso desproporcionado de herramientas técnicas para fines cuestionables.
El conflicto está lejos de resolverse y apunta a convertirse en un caso de estudio sobre cómo el equilibrio entre derechos de autor, libertad de expresión y gestión de la infraestructura digital puede tambalearse cuando no se establecen límites ni supervisión adecuada.