En este conflicto están en juego las transmisiones ilegales de eventos deportivos, pero llevándose por delante a miles de páginas webs legítimas, incluidas plataformas de noticias como Zonamovilidad.es, bloqueadas por la operación de “limpieza” de LaLiga, cuya legalidad está en duda.
El enfrentamiento comenzó cuando LaLiga acusó a Cloudflare de ser un refugio para las retransmisiones ilegales, al asegurar que la empresa de servicios en la nube protegía, a través de su infraestructura, sitios web que facilitaban contenidos piratas relacionados con los derechos de transmisión de la liga española.
Lo que comenzó como una operación para combatir la piratería ha terminado siendo una máquina de censura que afecta a miles de páginas web legítimas
Ante este escenario, LaLiga decidió tomar medidas drásticas, aplicando bloqueos masivos a sitios web, con el argumento de frenar el fraude audiovisual, y con el amparo judicial. Sin embargo, lo que comenzó como una operación para combatir la piratería ha terminado siendo una máquina de censura que afecta a miles de páginas web legítimas, incluidos medios de comunicación, muchas de las cuales no tienen ninguna relación con las actividades ilícitas que LaLiga pretende erradicar.
Los bloqueos indiscriminados de LaLiga han afectado a webs pequeñas y medianas, pero también a medios de comunicación consolidados con más de 20 años de trayectoria como Zonamovilidad.es. Esta situación pone en jaque la libertad de información y expresión en la red y expone la fragilidad de un sistema que, en su afán por eliminar la piratería, ha caído en prácticas autoritarias que vulneran derechos fundamentales de los usuarios y de las empresas digitales.
El mayor problema de esta guerra entre LaLiga y Cloudflare es el enfoque utilizado: bloquear IPs indiscriminadamente. Si bien LaLiga tiene la legítima intención de proteger sus derechos de autor y luchar contra la piratería, la forma en que lo está haciendo está poniendo en riesgo el funcionamiento de la red global. No se trata únicamente de bloquear los sitios que retransmiten ilegalmente los partidos, sino de aplicar un castigo colectivo que afecta a la integridad de la red. Esta táctica afecta de manera directa a páginas legítimas que ni siquiera están relacionadas con la piratería, sino que simplemente se ven atrapadas en el "fuego cruzado",
En este contexto, Cloudflare ha denunciado la actuación de LaLiga y ha recurrido a los tribunales para detener los bloqueos y cuestionar la legalidad de las medidas adoptadas. La empresa de infraestructura en la nube ha argumentado que las acciones de LaLiga son desproporcionadas, ya que afectan a millones de usuarios de la red, incluidos aquellos que simplemente acceden a sitios legítimos que comparten la infraestructura tecnológica utilizada por los sitios ilegales.
LaLiga ha insistido en que su objetivo es defender la propiedad intelectual y proteger los derechos de autor sobre las transmisiones deportivas, pero no ha logrado presentar pruebas contundentes que justifiquen las consecuencias de sus medidas.
En medio del enfrentamiento entre LaLiga y Cloudflare, los operadores de telecomunicaciones se encuentran atrapados como meros títeres en este juego de intereses. Mientras las grandes corporaciones luchan por imponer sus reglas, son las compañías de telecomunicaciones las que deben ejecutar las órdenes de bloqueo de IPs, sin tener en cuenta las consecuencias para sus usuarios.
En lugar de proteger la libre circulación de la información en la red, los operadores se ven forzados a seguir directrices que afectan a miles de páginas web legítimas, lo que resalta la falta de poder y autonomía que tienen en esta disputa.