Este proyecto buscaba expandir significativamente la red de fibra óptica en el país andino, pero diferencias en el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el acuerdo llevaron a su cancelación.
La decisión agrava los retos financieros y operativos a los que se enfrenta la filial peruana de Telefónica, un mercado que ha presentado importantes complicaciones para la compañía en los últimos años.
PangeaCo había sido concebida como una herramienta para fortalecer la infraestructura de fibra óptica en Perú, con una inversión proyectada de 200 millones de dólares por parte de KKR. Esta iniciativa aspiraba a duplicar la cobertura de la red de fibra hasta alcanzar 5,2 millones de hogares para 2026.
Según los términos iniciales, KKR controlaría el 54% de la empresa, Entel el 10% y Telefónica mantendría el 36%. Sin embargo, Entel anunció recientemente que ciertas condiciones estipuladas en el acuerdo no se cumplieron, lo que forzó la terminación del pacto.
La empresa chilena indicó en un comunicado que las tres partes aún están en conversaciones para definir los términos de la ruptura, sin que sea posible estimar el impacto económico de esta decisión. Telefónica, por su parte, ha expresado su intención de documentar formalmente la cancelación del acuerdo, poniendo fin a un proyecto que prometía transformar la conectividad en el país.
La ruptura del acuerdo ocurre en un contexto de deterioro financiero para Telefónica en Perú. En 2024, la filial peruana acumula pérdidas de 700 millones de euros, lo que ha llevado a una reducción de capital social por valor de 290 millones de euros. Estas medidas buscan equilibrar las cuentas de la compañía y garantizar la sostenibilidad de sus operaciones, según explica la teleco española. Además, la empresa ha implementado otras medidas de saneamiento, incluyendo la capitalización de préstamos por 708 millones de euros durante el año.
Las operaciones de Telefónica en Perú también se han visto afectadas por prolongadas disputas legales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). En 2024, la compañía ha pagado 345 millones de euros a la entidad tributaria tras un fallo judicial relacionado con impuestos de los años 2000 y 2001. No obstante, en septiembre, la Justicia peruana ordenó al Estado devolver 88 millones de euros a la empresa por cobros indebidos.
Con todo ello, Telefónica y el Estado peruano tienen programada una audiencia ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (CIADI) en febrero de 2025, donde la compañía española busca la devolución de más de 1.000 millones de euros por presuntos incumplimientos en un acuerdo bilateral de inversión entre España y Perú.