Esta operación, que eleva la participación desde el 4,9% inicial, ha sido aprobada bajo condiciones estrictas para garantizar la autonomía operativa de Telefónica y salvaguardar los intereses estratégicos nacionales.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que la autorización llega tras un exhaustivo análisis por parte de las autoridades españolas. Este proceso considera el cumplimiento de la legislación vigente y factores como la seguridad nacional y la importancia estratégica de Telefónica en el ámbito de las telecomunicaciones.
“La operación refleja el interés de proteger infraestructuras críticas y asegurar que Telefónica continúe desempeñando su papel estratégico"
“La operación refleja el interés de proteger infraestructuras críticas y asegurar que Telefónica continúe desempeñando su papel estratégico en el ámbito de las comunicaciones y la defensa nacional”, señala Cuerpo.
La autorización incluye condiciones diseñadas para proteger la estabilidad y la independencia de Telefónica. Estas medidas aseguran que la compañía mantenga su sede social y fiscal en España y que las decisiones relacionadas con la seguridad nacional se tomen con prudencia.
Con esta decisión, STC refuerza su presencia en el capital de Telefónica, una operación que comenzó en septiembre de 2023 con la adquisición de un 4,9% del capital mediante pequeñas compras en el mercado. El grupo saudí también aseguró otro 5% a través de instrumentos derivados a través de Morgan Stanley, que dependían de la aprobación del Ejecutivo español.
Esta ampliación del capital abre la puerta para que STC solicite un puesto en el consejo de administración de Telefónica, tal como lo hace la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee un 10% del capital. Aunque el Gobierno no ha impuesto restricciones explícitas al respecto, se espera que el grupo saudí haga uso de este derecho.
La estructura accionarial de Telefónica queda ahora liderada por la SEPI, CriteriaCaixa (9,9%) y STC, seguidos por otras entidades como BBVA y BlackRock. Esta configuración garantiza la "españolidad" de la compañía y minimiza el riesgo de operaciones hostiles por parte de actores extranjeros.