Esta acción incluye inspecciones sorpresa en empresas de varios Estados miembros y el envío de solicitudes formales de información a otras entidades. La investigación gira en torno a los llamados acuerdos de no captación o no-poach agreements, donde las empresas pactan no contratar ni solicitar empleados de competidores.
Estas prácticas pueden restringir la movilidad laboral, reducir la competencia por talento cualificado y, en última instancia, aumentar los costes para los clientes. Esto atenta contra el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe los cárteles y las prácticas restrictivas de la competencia. Según la Comisión, este tipo de acuerdos pueden tener un impacto negativo en el desarrollo del mercado laboral, particularmente en sectores estratégicos como el de los centros de datos.
Como parte de la investigación, la Comisión Europea, acompañada por autoridades nacionales de competencia, ha llevado a cabo inspecciones no anunciadas en las instalaciones de empresas del sector.
Estas acciones, también conocidas como dawn raids, son medidas preliminares para recopilar pruebas y verificar si las empresas implicadas han infringido las normas de competencia.
Simultáneamente, la Comisión ha solicitado información formal a otras empresas del sector para complementar la investigación. No obstante, explican que estas acciones no implican culpabilidad de las compañías inspeccionadas ni prejuzgan el resultado de la investigación.
La Comisión ofrece un programa de clemencia que permite a las empresas involucradas en cárteles obtener inmunidad si reportan sus actividades
Para incentivar la cooperación, la Comisión ofrece un programa de clemencia que permite a las empresas involucradas en cárteles o prácticas restrictivas obtener inmunidad o reducciones significativas en las sanciones si reportan sus actividades y colaboran plenamente con la investigación.
Además, los empleados y otras personas que tengan conocimiento de prácticas anticompetitivas, como los acuerdos de no captación, pueden realizar denuncias anónimas a través de una herramienta específica de la Comisión Europea, lo que refuerza la detección de este tipo de conductas.
La Comisión apunta que no existe un plazo legal para completar la investigación, ya que su duración depende de la complejidad del caso y de la cooperación de las empresas implicadas. Este proceso incluye el análisis de las pruebas recopiladas y la evaluación de los posibles efectos negativos de las prácticas en el mercado.
El sector de los centros de datos es clave para la infraestructura digital en Europa, ya que sostiene una parte significativa de la economía digital. Las prácticas que restringen la movilidad laboral y la competencia podrían afectar negativamente el desarrollo de este sector y su capacidad para satisfacer la creciente demanda de servicios digitales.
Con esta investigación, la Comisión Europea busca garantizar un mercado justo y competitivo, tanto para los trabajadores como para las empresas y consumidores.