Según detalla la CNMC en su informe, el incumplimiento está relacionado con el contrato que Telefónica firmó en 2022 con la LaLiga para adquirir en exclusiva los derechos de emisión de varios partidos de la Primera División del fútbol español. La investigación busca determinar si este contrato de larga duración vulnera las condiciones impuestas por el regulador para evitar la concentración de poder en el mercado audiovisual.
Cuando Telefónica adquirió DTS en abril de 2015, la CNMC aprobó la operación con una serie de compromisos destinados a garantizar la competencia en el mercado de contenidos audiovisuales.
Este compromiso buscaba evitar que Telefónica monopolizara el acceso a eventos deportivos de gran popularidad
Entre estas condiciones, se estableció un límite de tres años para los contratos de adquisición en exclusiva de derechos de emisión de contenido deportivo. Este compromiso buscaba evitar que Telefónica, como uno de los principales operadores en el mercado español, monopolizara el acceso a eventos deportivos de gran popularidad, permitiendo a otros operadores la posibilidad de competir.
Sin embargo, en enero de 2022, Telefónica firmó un acuerdo con LaLiga que le otorgaba en exclusiva los derechos de emisión de ciertos partidos de la Primera División, incluyendo los lotes D.1.Bis y D.3.Bis, que cubren cinco partidos en directo por jornada y los diez partidos de tres jornadas completas. Este contrato abarca desde la temporada 2022/2023 hasta la 2026/2027, lo que implica una duración de cinco años, superior al límite de tres años impuesto por la CNMC en 2015.
En febrero de 2024, la CNMC ya había advertido indicios de posible incumplimiento en este contrato. Ahora, con la apertura formal del expediente, el organismo regulador investigará si Telefónica ha vulnerado sus compromisos y si es necesario tomar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa.
La apertura del expediente por parte de la CNMC no implica un fallo definitivo, sino que inicia un periodo de investigación que podría durar hasta tres meses. Durante este tiempo, se recopilarán pruebas y se analizarán los términos del contrato para evaluar si efectivamente se incumplieron los compromisos adquiridos
De confirmarse el incumplimiento, Telefónica podría enfrentarse a importantes sanciones, aunque los detalles y la magnitud de estas no se han especificado por parte de la CNMC.