La teleco española ha conseguido así una importante victoria en su prolongada disputa legal contra el Estado colombiano, tras la decisión favorable emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El conflicto comenzó en 2017, cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) exigió a Claro y a Movistar, la filial de Telefónica en Colombia, la devolución de las infraestructuras de telecomunicaciones implementadas bajo contratos de concesión firmados en los años noventa.
La solicitud del gobierno colombiano también implicaba un pago por parte de ambas compañías, lo que Telefónica consideró una violación de los acuerdos de inversión entre Colombia y España. Ante esta situación, la empresa española decidió llevar el caso ante el Ciadi en 2018, argumentando que las condiciones impuestas por Colombia infringían el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) entre los dos países.
Telefónica basó su demanda en el argumento de que la exigencia de reversión de activos y el pago impuesto violaban sus derechos como inversor extranjero
Telefónica basó su demanda en el argumento de que la exigencia de reversión de activos y el pago impuesto violaban sus derechos como inversor extranjero. La compañía sostuvo que Colombia no cumplió con su obligación de otorgar un trato "justo y equitativo" a sus inversiones, tal como establece el Appri. Por su parte, Colombia defendía que las condiciones aplicadas eran válidas bajo su marco regulatorio.
El Ciadi, tras varios años de análisis y deliberación, ha concluido que el Estado colombiano efectivamente había infringido los términos del acuerdo de protección de inversiones. El tribunal ha determinado que las acciones del gobierno colombiano no solo impactaron de manera negativa las operaciones de Telefónica, sino que también atentaron contra el principio de trato justo hacia sus inversiones en el país.
La decisión del Ciadi ordena a Colombia a pagar una indemnización de 357,9 millones de euros, que con los intereses acumulados se eleva a 500 millones. Además, el tribunal ha dispuesto que Colombia asuma los costes legales incurridos por Telefónica en el proceso, que comenzó en 2018 y ha representado un gasto significativo para ambas partes.
El fallo del Ciadi a favor de Telefónica establece un precedente importante para futuras disputas de inversión en América Latina.