DJI asegura no tener vínculos con el gobierno chino, y afirma que dicha designación, realizada en 2022, ha afectado gravemente sus operaciones comerciales y la reputación de la empresa a nivel global.
Según la demanda, desde que DJI fue incluida en la lista, ha perdido contratos importantes, ha sido señalada como una amenaza para la seguridad nacional y ha sido excluida de trabajar con varias agencias gubernamentales estadounidenses. Además, la empresa sostiene que sus empleados han sufrido acoso y estigmatización debido a esta clasificación.
La inclusión de DJI en la lista de “Empresas militares chinas” ha tenido repercusiones directas en su negocio. Desde entonces, la empresa ha visto cómo se le prohibía participar en contratos federales y cómo sus relaciones comerciales en EE.UU. se deterioraban. DJI argumenta que esta situación es injusta, ya que no se le dio una explicación clara sobre los motivos de su designación hasta que la compañía amenazó con presentar una demanda en septiembre de 2023.
Cuando finalmente el Departamento de Defensa respondió, DJI asegura que la justificación contenía errores y no ofrecía evidencias suficientes para respaldar la acusación de que la empresa tiene vínculos con el ejército chino. El Departamento de Defensa, por su parte, no ha respondido públicamente a estas afirmaciones ni ha emitido comentarios adicionales sobre el litigio en curso.
Esta no es la primera vez que DJI se enfrenta a medidas restrictivas por parte del gobierno estadounidense. En 2017, el Ejército de EE.UU. ordenó a sus unidades dejar de usar drones DJI por preocupaciones relacionadas con la seguridad y el posible espionaje. En 2019, el Departamento del Interior también decidió suspender el uso de los drones de DJI por posibles riesgos de espionaje. Estos incidentes se enmarcan dentro de un creciente escrutinio sobre las empresas tecnológicas chinas por parte de las autoridades estadounidenses.
En 2020, el Departamento de Comercio de EE.UU. añadió a DJI a su “Lista de Entidades”, prohibiendo a las empresas estadounidenses exportar tecnología a DJI. Esta medida se tomó bajo la acusación de que DJI facilitaba la vigilancia masiva en China, particularmente contra la minoría uigur en la región de Xinjiang. Un año después, el Departamento del Tesoro también designó a DJI como parte del "Complejo Militar Industrial Chino", alegando que los drones de la empresa habían sido utilizados para operaciones de vigilancia por parte del gobierno chino.
A lo largo de estos años, DJI ha sostenido que no tiene vínculos con el gobierno chino y que su participación en actividades relacionadas con el espionaje o la vigilancia es inexistente. La empresa argumenta que fabrica drones para usos comerciales y recreativos, y que no tiene control sobre cómo los productos son utilizados después de su venta.
DJI también ha señalado que auditorías independientes, incluidas algunas realizadas por agencias estadounidenses, no han encontrado amenazas de seguridad significativas en sus productos. La compañía admite que dos fondos estatales chinos realizaron inversiones minoritarias en el pasado, pero asegura que estos fondos ya no tienen influencia significativa en las operaciones de DJI.
A pesar de las sanciones impuestas, los drones de DJI siguen estando disponibles en el mercado estadounidense para uso comercial y privado. No obstante, el Congreso de EE.UU. está considerando una propuesta que podría prohibir por completo la importación de nuevos drones DJI, argumentando que representan un riesgo para la seguridad nacional.
Aunque la Cámara de Representantes aprobó una versión de la prohibición como parte del proyecto de ley de Defensa Nacional, el Senado aún no ha incluido esta medida en su versión del proyecto, aunque podría reconsiderarse en el futuro. En cualquier caso, los drones de DJI que ya se han vendido en EE.UU. no se verán afectados por esta posible prohibición.