En 2016 se alcanzó la cifra record de 493 casos notificados a través del portal de denuncias de BSA, un 33% más con respecto al año anterior. Esta cifra supone un incremento del 38% en el número de acciones realizadas contra supuestos infractores de la ley de Propiedad Intelectual.
Estas denuncias dieron lugar a más de 300 acciones legales (307), entre las que destacan los registros judiciales de las instalaciones de las empresas ordenados en varios casos por los Juzgados Mercantiles. Esta cifra supone un incremento del 38% en el número de acciones realizadas contra supuestos infractores de la ley de Propiedad Intelectual.
Según los datos de BSA, la mayor parte de las investigaciones a empresas se inician como consecuencia de denuncias normalmente realizadas por exempleados (45%), seguidas de las efectuadas por otras empresas competidoras (38%) y de las denuncias anónimas de empleados actuales de las compañías supuestamente infractoras (17%).
Según Andrés Pi, portavoz de BSA en España, “la protección de la propiedad intelectual del software requiere de una combinación de actividades de divulgación, de acciones legales y de políticas públicas que aseguren una mejor gestión de un activo clave para los negocios como es el software. Las empresas, especialmente las pymes, deben ser conscientes de los riesgos operativos, legales y de seguridad en los que incurren, y adoptar medidas de control y de gestión de sus programas de software para evitar dichos riesgos y obtener el mayor partido del software en su actividad”.