El pasado 6 de marzo entró en vigor la llamada Ley Sinde; una Norma polémica, impopular, desequilibrada, prácticamente inútil, que podría vulnerar principios constitucionales como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a la información, la justicia o la educación.
Enmascarada por una supuesta defensa de la propiedad intelectual (somos los primeros que la exigimos y la respetamos) parece dictada por lobbies empresariales y culturales que poco tienen que ver con el respeto a los artistas y a los autores.
Cabría tener en cuenta que la práctica totalidad de las páginas web plagia, copia, reproduce o traduce en algún punto de sus contenidos textos, fotos, videos o canciones de otros medios o sitios, sin autorización de sus propietarios originales.
La falta de voluntad, de iniciativa e incluso la incapacidad de variar modelos de negocio ya obsoletos, cargados de intereses económicos y políticos, no puede llevarnos a aceptar leyes mordaza en torno a las cuales no sólo ha surgido división social e indignación, sino que ni siquiera tenemos claro si es una iniciativa nacional o una imposición transoceánica.
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